El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido el acuerdo del Gobierno de Canarias, que aprobó el pasado 2 de septiembre, para que las ONGs no recibieran a menores migrantes no acompañados que llegaran de manera irregular a las Islas sin el conocimiento previo y la autorización del Ejecutivo regional. El no a esta medida, que, según el equipo de Fernando Clavijo, perseguía salvaguardar a los niños que ya se encontraban acogidos en los centroas del archipiélago, llega como respuesta a la medida cautelar provisionalísima interesada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

El acuerdo adoptado por el Ejecutivo canario, según ha señalado en su auto la Sección II de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, «supone que, desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno de Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes». Además, ha señalado que la intención de esta medida «es que los menores queden bajo la guarda y custodia de las autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos». Una decisión que se habría tomado como consecuencia del desbordamiento de los centros.

«Nos encontramos ante una medida que altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable, de ahí que apreciemos la especial urgencia en la adopción de la medida», apunta el auto.

Un procedimiento distinto
Es la segunda vez, en menos de una semana, que la justicia se pronuncia contra el protocolo aprobado por el Gobierno canario con el que se pondrían trabas a la acogida de menores no acompañados. El TSJC ha matizado que se trata de un proceso distinto al que se sigue en la sala de Tenerife que suspendió el pasado 20 de septiembre, en línea con la petición de medidas cautelarísimas que había planteado la Fiscalía Superior de Canarias por vulneración de derechos.

El auto no supone el cierre definitivo del procedimiento, ya que sólo da respuesta a la petición de suspensión con carácter provisionalísimo, sin dar audiencia a la parte por motivos de extrema urgencia.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recordó que ahora se abre una nueva fase en la que la Comunidad podrá hacer las alegaciones que estime oportunas.