En el debate sobre la inmigración que domina el espacio público en el Reino Unido, Kemi Badenoch, exministra conservadora y favorita para liderar a los tories, ha puesto al Gobierno español como ejemplo en política migratoria por el número de expulsiones dentro de los límites del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Badenoch, una de las ministras más a la derecha en el último Gobierno conservador, es una de las finalistas que han quedado en las primeras votaciones internas para suceder a Rishi Sunak, que anunció su retirada tras perder las elecciones el 4 de julio a la espera de que el partido complete el proceso de elección de otra persona. Se espera que Badenoch sea una de las dos personas que queden para la votación final entre los miembros del partido en octubre. Una encuesta de agosto mostraba a Badenoch como la candidata con más apoyo entre los conservadores. 

Cuando era primer ministro, Sunak sugirió que el Reino Unido podría salirse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si esto le ayudaba a aplicar la medida de enviar a Ruanda a solicitantes de asilo que hubieran llegado de manera irregular a través del canal de la Mancha. En campaña, Sunak llamó “corte extranjera” al tribunal que tiene sede en Estrasburgo, pero que es una institución internacional derivada de la convención europea que el Reino Unido impulsó después de la Segunda Guerra Mundial. En un debate de la BBC en junio, la audiencia abucheó a Sunak por esta posición con gritos de “te debería dar vergüenza”. 

En la carrera ahora por el liderazgo tory, varios de los finalistas, como el ex secretario de Estado de inmigración y partidario del Brexit más radical, Robert Jenrick, defienden la salida del Reino Unido de la jurisdicción del tribunal. En cambio, Badenoch rechaza hacer algo así “en el primer día” con el argumento del ejemplo español.

“Creo que necesitamos algo mucho más radical. Necesitamos una reforma completa del sistema migratorio. Países que son parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como España, por ejemplo, son capaces de deportar a los inmigrantes ilegales de manera adecuada, de una forma en la que no lo podemos hacer aquí”, dijo Badenoch en una entrevista con la revista conservadora The Spectator. “Tenemos a gente en nuestro Ministerio del Interior encargada de nuestras fronteras que realmente no quiere deportar, quiere cuidar de los refugiados… Tener una estrategia sobre qué tipo de personas queremos que vengan a nuestro país es completamente clave”. 

La exministra de Empresas y Comercio no descarta del todo la idea de abandonar el tribunal, pero defiende que primero hay que intentar otras opciones para no caer en los errores del Brexit: “Empezar con irse simplemente muestra que no hemos aprendido las lecciones del Brexit – o incluso la política de emisiones cero – de decir que vamos a hacer una cosa sin calibrar las consecuencias, sin calibrar lo que significa”.

El Reino Unido registra menos llegadas de migrantes y solicitantes de asilo de manera irregular que países como España o Italia, pero debate en particular el coste de mantener a los solicitantes de asilo en alojamientos temporales mientras procesa sus solicitudes. El coste es de más de 4.700 millones de euros al año, según los últimos datos disponibles. El Reino Unido ha aumentado el número de expulsiones, pero carece de acuerdos migratorios hasta con la vecina Francia y por eso mira a otros Estados europeos. España es el quinto país de la UE por número de expulsiones.

Nada más llegar al poder, el Gobierno laborista canceló el acuerdo con Ruanda e insistió en que respetará la legislación humanitaria europea sobre la que el nuevo primer ministro, Keir Starmer, es experto (como abogado, escribió hasta un manual). Pero Starmer dice estar interesado en otro tipo de acuerdos para enviar a solicitantes de asilo a terceros países, como el que tiene Italia con Albania e incluso visitó hace unos días a la primera ministra Georgia Meloni para saber más sobre su política.

El Gobierno laborista también tiene como objetivo bajar la “migración neta”, es decir la diferencia entre las personas que se van de país y las que llegan poniendo límites a la migración legal. En una posición alabada por los sindicatos, el Gobierno asegura que vigilará a los sectores que contratan a más personas de fuera del Reino Unido para empujar a las empresas a que busquen y formen trabajadores locales. Desde la salida del Reino Unido de la UE, la escasez de empleados se ha notado especialmente en los sectores de salud, el transporte, la agricultura y la hostelería. 

Algunos de los planes más ambiciosos del nuevo Gobierno se pueden ver obstaculizados por trabas a la migración legal. Por ejemplo, empresarios y expertos alertan de la falta de trabajadores preparados en el diseño, la planificación y la construcción, lo que puede suponer un serio obstáculo para la reparación de infraestructuras y la edificación de nuevas viviendas. Aun así, en una entrevista en la BBC esta semana, Starmer dijo que no iba a “tolerar año tras año” la dependencia de empleados extranjeros.