Han sido meses de choque político total en la región. Pero nada impedirá su puesta en marcha. El centro de acogida de menores extranjeros habilitado por la Comunidad de Madrid en unas instalaciones públicas en Fuenlabrada ultima su preparación y comenzará a funcionar de manera inmediata, según aseveran desde el Gobierno autonómico. Una apertura polémica, que cuenta con el rechazo del Ayuntamiento, comandado por el PSOE madrileño, y con una importante oposición social por parte de los vecinos de la localidad, que hoy volverán a manifestarse «contra la inseguridad» en las calles de Fuenlabrada, y que contará con la presencia de miembros de partidos políticos como Vox.

Pero mientras las protestas adquieren carácter transversal desde Más Madrid, que critica las condiciones y la ubicación del enclave, pasando por el PSOE, hasta Vox han arremetido contra la decisión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue adelante y, aunque responsabiliza al Ejecutivo central del caos migratorio, asevera que nada cambia su cronograma: el plan era que comenzara a funcionar a lo largo de esta quincena y las instalaciones abrirán «en los próximos días», antes de que acabe este mes de septiembre, pese a los diversos intentos de frenar vía judicial a través de medidas cautelares su activación.

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De forma inmediata, pues, comenzará a acogerse a menores migrantes en La Cantueña. A pesar de que el espacio cuenta con una capacidad para 92 personas, desde la consejería de Servicios Sociales se explica a este diario que la entrada será «progresiva», entre otras cuestiones, para facilitar la puesta en marcha de las instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento en el proceso de acogida.

Para estos primeros días se ha realizado un pequeño contrato de emergencia de personal que atienda a los primeros menores acogidos en La Cantueña. El contrato estable adjudicado por licitación quedará activado a partir de noviembre, cuando se espera que el centro funcione a pleno rendimiento, dado el «descontrol» migratorio que ya afecta al resto de centros de acogida de la región. Según los datos aportados por la consejería de Servicios Sociales, a lo largo del año se ha atendido en la red de acogida a 1.824 menores migrantes no acompañados, lo que prueba la urgencia con la que el Ejecutivo madrileño tuvo que escoger el complejo de La Cantueña, en desuso desde hace años, para habilitar un centro de primera acogida.
La adaptación del espacio en los últimos meses desató una importante crisis política en la región e incluso llevó a que Fuenlabrada fuera uno de los principales escenarios de la última campaña electoral, la de las europeas, que se jugó en clave de inmigración. Tanto el PSOE como Vox, con Pedro Sánchez y Santiago Abascal a menos de un kilómetro de distancia, cerraron sus respectivas campañas en esta localidad.

Ayer fue el Ejecutivo de Ayuso el que responsabilizó en última instancia al presidente del Gobierno de que la crisis migratoria se expanda hasta los municipios de la región. «Deje de enviar menores no acompañados a las comunidades autónomas», lanzó el portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, en dirección a Moncloa. «Tenemos un Gobierno central que está provocando el problema y el Gobierno local de Fuenlabrada que no ha ayudado nada a poder atender, como estamos obligados, a estos menores no acompañados», dijo para reprochar también la actitud del alcalde, Javier Ayala.

El líder socialista de Fuenlabrada ha sido protagonista en los últimos días y lo será hoy también a raíz de la celebración del pleno municipal en el que se grupo aprobará la propuesta para poner el nombre de Isabel Díaz Ayuso al centro de acogida. Una iniciativa con la que el PSOE reprochará a la presidenta la imposición del centro pese al criterio contrario del Consistorio y la oposición vecinal. En cualquier caso, la última palabra respecto al nombre que reciba el centro lo tendrá el Ejecutivo madrileño. Al respecto, García Martín aseveró ayer que no se ha tratado en el Consejo de Gobierno cómo se llamarán las instalaciones de La Cantueña, al mismo tiempo que censuró la «frivolidad» de Javier Ayala en el tratamiento de esta cuestión en su municipio.