Santa Cruz de Tenerife
El gobierno canario advirtió hoy de que la inmigración es un problema de todos los españoles y europeos y por eso no pide solidaridad, sino que el Estado cumpla con responsabilidad sus funciones, entre ellas repartir de forma obligatoria los menores entre las comunidades autónomas.

El presidente canario, Adán Martín, y la consejera de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, dieron una rueda de prensa tras una reunión del gabinete de crisis sobre inmigración y exigieron que se mantenga la política de derivación de inmigrantes entre todas las comunidades, porque a su juicio está funcionando bien.

Martín afirmó que a su gobierno le entristece que algunas comunidades pongan en cuestión los acuerdos de reparto de inmigrantes.

Además, pidió que se corrija la dispersión de competencias en la Administración Central con la creación de un mando coordinador en política de inmigración, sea éste un gabinete de crisis, un comisionado especial o un ministerio.

“No han entendido nada”, dijo Martín respecto al cuestionamiento por algunas comunidades de la política de reparto de los inmigrantes que llegan a Canarias, porque entran en la frontera española y europea y por tanto “es un problema que afecta a todo el territorio”.

Nadie cuestiona que los inmigrantes que llegan directamente a territorio peninsular y cumplen su periodo de internamiento puedan moverse libremente de una comunidad a otra, se quejó Adán Martín.

Agregó que muchos pretenden llegar a otros países de Europa, a sus antiguas potencias colonizadoras, de manera que “la libertad de movimientos lleva a cada uno a su lugar” y eso favorecerá la implicación europea.

Por eso “la derivación es un elemento fundamental y hay que mantener los acuerdos” alcanzados en el Congreso por unanimidad en 2002 sobre esta cuestión, subrayó.

Además, el reparto de inmigrantes debe incluir a los menores, dijo la consejera de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, quien precisó que Canarias tutela actualmente a 627 menores extranjeros, y 17 más aún están en Comisaría.

Zamora subrayó que la convención de los derechos del niño de la ONU obliga a los Estados a cuidar de los menores, y por tanto no pide solidaridad, sino que el Gobierno obligue a que las comunidades autónomas acojan cupos de menores, porque los recursos en Canarias están desbordados y la integración así es imposible.

Adán Martín leyó un acuerdo del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de octubre de 2003 en el que establece que la descentralización del poder “no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del gobierno del Estado” para cumplir sus obligaciones con todos los niños sometidos a su jurisdicción, “sea cual fuera la estructura del Estado”.

Rechazó por tanto las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en el sentido de que el Gobierno no tiene competencias respecto a los menores inmigrantes.

El gobierno canario pidió también que se reactive al grupo de extranjería de la Policía Nacional para tratar de localizar a los familiares de los menores y así poder repatriarlos, puesto que lleva más de dos años sin abrir ningún expediente pese a que los chicos telefonean a sus casas continuamente.

Martín subrayó que es el Gobierno el único que puede implicar en este asunto a la Unión Europea, y subrayó que la integración de menores francófonos o anglohablantes sería más fácil por cuestiones de idioma en otros países.

El presidente canario exigió al Gobierno que desarrolle una política conjunta de Estado en inmigración, ahora dispersa en los Ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Asuntos Sociales, Fomento e incluso Hacienda, que tiene medios marítimos a disposición de la Agencia Tributaria que no se están aportando en la lucha contra la inmigración.

Para garantizar esa política unificada debe haber un gabinete de crisis, un comisionado especial o incluso un ministerio específico, tal como prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la campaña electoral, afirmó.

“Todas las competencias están en el Estado, nosotros podemos ayudar y ayudaremos, pero que no se confundan, porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos con los países emisores y con la Unión Europea”, enfatizó.