Tras la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de inmigrantes que están en territorio español de manera irregular, la propuesta entra ahora ya en la fase de debate de enmiendas. La ILP, impulsada por multitud de asociaciones (entre ellas, algunas católicas) y coordinada por Jorge Serrano, se va a someter ahora a una corrección del Congreso con las enmiendas que han registrado los grupos parlamentarios, como PP, Junts y PNV, que han incidido en articular un texto que impida una regularización indiscriminada de inmigrantes y buscan poner condiciones.

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El texto de la ILP es escueto ahora mismo y dispone del siguiente contenido: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. Por ello, los grupos han querido introducir enmiendas en un momento en que el debate migratorio copa buena parte de la agenda política y se ha disparado entre las preocupaciones de los españoles, según la última encuesta del CIS. Por tanto, es una carpeta delicada.

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En concreto, el PP ha registrado tres enmiendas y desgrana en cuatro puntos las condiciones que pone para la regularización de los inmigrantes. De entrada, los populares matizan que apuestan por una regularización “individualizada”. En el primer punto, el partido de Alberto Núñez Feijóo detalla que se regularizará a los “que no estén incursos en ninguna de las causas de expulsión previstas en el artículo 57” de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España; que no sean reincidentes por delitos menos graves o leves, ni tengan antecedentes penales no cancelados; y, tampoco podrán acogerse a ningún apartado del artículo aquellos extranjeros que tengan prohibida la entrada en el país.

En el segundo punto, se establecen otros seis criterios que acrediten la “inserción y arraigo en nuestro país” de los inmigrantes: entre ellos, ser solicitante, en alguna ocasión durante los últimos tres años de una autorización de residencia o trabajo; acreditar estar realizando o haber realizado una actividad económica continuada en España por un tiempo de al menos 1 año; contar con un proyecto permanente y viable de explotación o desarrollo de actividad por cuenta propia, de al menos un año; o, aquellos trabajadores extranjeros que soliciten la renovación de sus permisos y que se encuentren con empleo o desarrollando actividad económica. En el tercer punto, se recoge que “todos los extranjeros que se acojan a esta regularización individualizada (…) tendrán que asumir, de manera expresa, los valores y deberes de la sociedad española y europea” y, finalmente, en el cuatro punto, se estipula que “el procedimiento para la regularización individualizada deberá acompañarse de una planificación concreta y detallada de los recursos materiales y humanos necesarios”.

Junts ha sido más escueto en su enmienda y plantea un texto alternativo al de la ILP: “El Gobierno estudiará una propuesta de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Dicha propuesta será remitida a las Cortes para su valoración y, si procede, su aprobación, y deberá de tener en cuenta los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Cataluña”. De esta manera, los posconvergentes advierten de que “la magnitud y las implicaciones” de la ILP “requiere de una evaluación detallada y concisa para quien debe aplicarla, tanto para determinar el plazo a partir del cual se puede llevar a cabo la regulación, como para concretar los requisitos y las exigencias para poderse acoger a dicha regularización”.

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El PNV, igual que el PP, desgrana en ocho puntos todos los requisitos para la regularización del medio millón de inmigrantes. No obstante, ya en el primer punto se despliegan las condiciones que recogen los nacionalistas para regularizar a los inmigrantes y dice lo siguiente: en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ILP, las personas empresarias o empleadoras que pretendan contratar “a una persona extranjera que se encuentre en el territorio español antes del 1 septiembre de 2024, podrán solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena”, siempre y cuando que la persona trabajadora figure “empadronada en un municipio español”, que la persona empresaria o empleadora “haya firmado con la persona trabajadora un contrato de trabajo” y que “se cumplan los requisitos previstos en el artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

El PSOE, por su parte, también es muy escueto y prefiere dejar la última palabra al Gobierno sobre las condiciones para regularizar a los inmigrantes. En este caso, plantea que sea Moncloa, mediante Real Decreto, quien fije en seis meses “un procedimiento que permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitario”.