Crece la tensión en el choque entre el Gobierno central y el autonómico a cuenta de los menores migrantes no acompañados. El Gobierno ha anunciado este martes que impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado el día 12 por el Ejecutivo autonómico y los acuerdos tomados por el Ejecutivo autónomo el día 2. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión después de que el Consejo de Estado haya dictaminado de forma unánime que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para recurrirlo. Según La Moncloa, tanto el protocolo como los acuerdos “se han aprobado con la pretensión de renunciar a sus obligaciones constitucionales y estatutarias de protección y tutela a los menores migrantes no acompañados, exigiendo al Estado que sea quien se haga cargo de tales competencias, e incumpliendo gravemente la protección de los derechos de los menores”.

El día 2, el presidente canario, Fernando Clavijo, anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los niños sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado. Ese mismo día, el Consejo de Gobierno que preside aprobó una disposición que recogía este extremo y conminaba a las entidades colaboradoras “que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta comunidad autónoma, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. Diez días después, el archipiélago anunciaba un nuevo protocolo de recepción, que pretendía actualizar el vigente desde 2014, y que frenaba la atención a los menores migrantes no acompañados al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. Entre estos pasos que se imponían, Canarias pretendía que hubiera una reseña policial completa, una audiencia, una resolución administrativa de dónde se ubicará al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del niño entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya suspendió el viernes de forma cautelar, a petición de la Fiscalía, este protocolo. Anteriormente, la Fiscalía había amenazado con denuncias por delito de abandono si se aplicaba este nuevo reglamento.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres (izqiuierda), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (derecha), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este lunes en La Moncloa.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres (izqiuierda), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (derecha), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este lunes en La Moncloa.
Javier Lizon (EFE)
Este martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la decisión del Consejo de Ministros apoyándose en el informe del Consejo de Estado. El órgano consultivo ha concluido que esas exigencias no se encuentran contempladas en la ley de extranjería, ni en otras normas de menor rango, por lo que “se exceden de la competencia autonómica” y estima que Canarias ha incurrido en una serie de “transgresiones del ordenamiento jurídico”. Estas han perseguido limitar sus competencias en lo que respecta a los menores migrantes ni acompañados. En opinión del órgano consultivo, la suspensión de la recepción de menores constituye ”un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia a los menores extranjeros no acompañados que incumben a comunidad”.

Así, las islas se arrogan la potestad de denegar la recepción del menor si considera “discrecionalmente” y de “forma unilateral” que no se ha puesto el menor a su disposición de manera adecuada o que, simplemente, no dispone de los medios adecuados para su atención. Además, afirma el informe, trata de atribuir a las fuerzas de seguridad la guarda legal de los menores que hayan entrado en Canarias estando a disposición de estos cuerpos policiales o de la Administración, “discriminándoles en relación con cualquier otro menor”. La entrega de estos menores a los servicios autonómicos tampoco puede estar condicionada, como pretende el protocolo canario, a una previa decisión del Ministerio Fiscal sobre la minoría de edad del joven.

La impugnación supone un nuevo paso en la escalada de tensión entre ambas administraciones. Este lunes, el Consejo de Gobierno de Canarias había acordado remitir un requerimiento al central en el que lo acusaba de estar incurriendo en una “acumulación de incumplimientos” en la atención a los menores migrantes. El archipiélago dio entonces al un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, asegura que ejercerá las acciones legales y judiciales que vea “adecuadas”. Este requerimiento, al cual ha tenido acceso EL PAÍS, aseveraba que el Gobierno de España está agravando la crisis migratoria con su “manifiesta dejación de funciones” en esta materia y sostiene que “no existe competencia constitucional o estatutaria” que le obligue a acoger “a cuantos menores migrantes no acompañados la Administración del Estado decida traer al archipiélago”.

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El presidente canario, Fernando Clavijo, en una intervención ante el Parlamento autónomo, ha afirmado este martes que está empezando a pensar que el Gobierno “no quiere arreglar” el problema migratorio canario “ni sentarse a negociar” y pretende que la comunidad autónoma “sea la Lesbos del sur de Europa, despreciando a los menores y a todos los canarios”. El ejecutivo canario divulgó el lunes que solo en lo que va de septiembre han llegado por mar a Canarias 4.075 personas, de las cuales 586 son menores no acompañados.

Canarias lleva meses declarándose sobrepasada por la gestión de los menores migrantes no acompañados, alrededor de 5.500 en la actualidad. Gobierno central y autonómico elaboraron durante la primavera una propuesta de reforma de la ley de extranjería que debía haber permitido la derivación obligatoria de menores a otras comunidades autónomas. Sin embargo, PP —socio de Gobierno de Clavijo en Canarias—, Junts y Vox rechazaron su toma en consideración en el Congreso el 23 de julio. PSOE, Partido Popular y Gobierno de Canarias han mantenido diversas reuniones durante el verano para acercar posturas, con las dos partes —Gobierno central, por un lado; Ejecutivo autonómico y PP por el otro— acusándose mutuamente por la falta de acuerdo.

El clima de entendimiento que Gobierno central y canario mostraron hasta el 23 de julio ha saltado por los aires, pese al voto en contra de los populares. Tanto es así, que los canarios han asegurado en repetidas ocasiones que se plantean romper su acuerdo en el Congreso de los Diputados. El 10 de septiembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajó a Santa Cruz de Tenerife para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades. Este encuentro generó malestar en el Gobierno. El propio Torres cargó ese día contra Clavijo, líder de Coalición Canaria, por el viraje de su partido. Torres lo ha acusado de plegarse al discurso de la derecha y la extrema derecha.

Pese a esta tensión, Ángel Víctor Torres, espera que la reunión que mantendrá el Gobierno los próximos días con el Partido Popular para abordar la política migratoria avance hacia el éxito de poder sacar adelante una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. “Creo que no será una reunión definitiva, pero yo espero que sea definitoria”, ha señalado este martes el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática.