Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno debe garantizar la solidaridad del Estado y sostener los traslados si no hay otra solución.

Las quejas de las comunidades autónomas en torno a los traslados de inmigrantes, al margen de los erróneos procedimientos que utiliza el Estado al no comunicarlo a los respectivos gobiernos, no deja de ser un argumento más en la disputa política y la histórica falta de consenso en torno al fenómeno de la inmigración. Un tema en el que los dos grandes partidos nunca han podido ponerse de acuerdo a la hora de afrontarlo y que ha venido lastrando, de forma grave, la percepción que del fenómeno hemos ido adquiriendo.

En el caso de las derivaciones de los inmigrantes que llegan a Canarias, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reaccionado para poner al Gobierno un problemamás sobre la mesa, Cataluña a un titular de prensa, (sólo ha recibido 800 inmigrantes en los que va de año frente a Madrid que contabiliza 3.500 oficialmente comunicados a la comunidad autónoma) y Andalucía que no dice nada por razones obvias.

El Gobierno está teniendo serios problemas para abordar la oleada de inmigrantes, y hasta es posible que los cayucos termine arrollando a algunos políticos, pero en este caso la única salida real y posible son los traslados de inmigrantes a la Península. La imposibilidad de repatriar y la escasa influencia de España en los países del entorno para evitar las salidas masivas, imponen esta solución razonable cuando el número de inmigrantes rebasa con creces la capacidad de los centros de retención y la capacidad de acogida en el territorio. La medida fue razonable cuando el problema era mucho menor desde el punto de vista numérico, las pateras llegaban a Fuerteventura y Lanzarote y los centros de retención no superaban los mil quinientos inmigrantes.

Lo que no es tan evidente es que elGobierno no este haciendo traslados a escondidas, sin previa comunicación a los gobiernos regionales. No es de recibo dejar a las puertas de los centros de retención a lo inmigrantes para que se busquen la vida. Existen servicios a cargos de las comunidades que deben ocuparse de cubrir sus necesidades básicas y reorientar sus situaciones. Para eso están.

El Gobierno se niega a dar los datos de traslados a las distintas comunidades, un síntoma de que no lo está haciendo de forma coordinada y comunicada, y que posiblemente las cargas de la solidaridad, que recae en todo el
Estado y que administra el Gobierno, están mal distribuidas. La coordinación y la falta de transparencia son dos lastres del los gobiernos de turno, pero en este caso los socialistas son los que deben evitar la sospecha y cumplir con su responsabilidad.

El Estado no tiene otra salida que mantener los traslados mientras el problema no se ataje desde otras medidas, pero debe hacerlo dentro de los procedimientos que dice sostener pero sobre los que no quiere dar datos.