El Gobierno español recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo canario sobre la acogida de menores migrantes, ya suspendido por la Justicia, con el aval del Consejo de Estado, que ha afirmado que vulnera los derechos de los menores migrantes no acompañados, además de excederse en sus competencias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este dictamen, que había solicitado el Gobierno y que ha concluido que existen fundamentos jurídicos para el recurso.

El órgano consultivo censura ciertos aspectos del protocolo autonómico, como que se condicione la recepción de menores a que se emita antes una resolución administrativa individualizada cuando estos son entregados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“Se exceden de la competencia autonómica”
Estas exigencias, según el Consejo de Estado, no se encuentran contempladas en la ley de extranjería, en su reglamento o en el protocolo marco sobre la atención a menores migrantes no acompañados del 2014, por lo que “se exceden de la competencia autonómica”.

La entrega de estos menores a los servicios autonómicos tampoco puede estar condicionada, como pretende el protocolo, a una previa decisión del Ministerio Fiscal sobre la minoría de edad del joven.

“Tanto si la minoría de edad es indubitada como si existen dudas acerca de la misma, las entidades públicas autonómicas de protección de menores del lugar de localización deberán hacerse inmediatamente cargo de los mismos sin que puedan rehusar o demorar su recepción”, concluye.

El informe cuestiona el protocolo y parte del acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado 2 de septiembre sobre esta materia y aclara que la suspensión de la recepción de menores constituye “un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia a los menores extranjeros no acompañados que incumben a comunidad”.

Supone “una vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física”.

Acerca de las competencias del Estado y las comunidades, el informe asegura que las entidades públicas de protección de menores de la comunidad autónoma están obligadas a atender y a acoger a los menores extranjeros no acompañados “desde el mismo momento de su localización y entrega por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha reproducido el ministro.

Y las dificultades que existen para su identificación y determinación de edad o la insuficiencia y saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos no son circunstancias que permitan un eventual rechazo por parte de la comunidad a la recepción de estos jóvenes localizados en su territorios.

Preguntado por la reunión prevista para esta semana entre el Gobierno central, el canario y el PP con el objetivo de conseguir un acuerdo para modificar la ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores llegados a Canarias entre las comunidades, Torres ha señalado que la voluntad de las tres partes es que se produzca “cuando antes, en los próximos días”.

Ha reiterado que no cree que sea una reunión definitiva pero sí definitoria y “que avance hacia el éxito” de sacar adelante la iniciativa, cuya tramitación en el Congreso no prosperó el pasado mes de julio por el rechazo a su toma en consideración de PP, Vox y Junts, ha recordado.

Si estas fuerzas hubieran apoyado la iniciativa, “hoy estaríamos ya derivando a menores de Canarias a otros territorios”, ha recalcado el ministro.