La ministra y portavoz del Gobierno Pilar Alegría, junto a la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera, el ministro Ángel Víctor Torres, y el ministro Carlos Cuerpo, explicaron este martes los acuerdos adoptados por el Ejecutivo. Así, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el reglamento canario sobre la acogida de menores migrantes, ya suspendido por la Justicia.

Se justifica el recurso ante el Tribunal Constitucional a la vista de los fundamentos jurídicos existentes, y en base al dictamen que el Consejo de Estado ha hecho público y que considera que el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados del Gobierno de Canarias vulnera el orden constitucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó además en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros semanal celebrado, este martes, en el Palacio de la Moncloa en Madrid, que en estos momentos se celebra una subcomisión de negociación Estado-Gobierno de Canarias.

El amplio documento elaborado por el Consejo de Estado, a petición del Gobierno central, apunta a que Canarias se excede en sus competencias, se salta el marco constitucional y, en todo caso, debe atender en tiempo y forma a los menores migrantes que llegan por mar a la Comunidad Autónoma. Que el sistema se encuentre desbordado no justifica una desatención.

Como apuntó Torres, y como indica el Consejo de Estado, «las entidades públicas de las comunidades autónomas están obligadas a acompañar desde su localización por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado» a los menores migrantes.

«La saturación o insuficiencia regional» no exime de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma, y como nunca se justifica «un eventual rechazo a los menores ni demorar la atención» debida.

Todo ello, señaló el ministro de Política Territorial, «entronca con el protocolo del Estado de 2014, que debe ser completado con los protocolos territoriales».

Es cierto que las comunidades autónomas pueden aprobar protocolos, «pero no pueden introducir requisitos no previstos en el protocolo estatal» ni, en ningún caso, vulnerar derechos constitucionales.

Además, el dictamen del Consejo de Estado recuerda que es deber institucional colaborar para solucionar el drama de la inmigración.

Ángel Víctor Torres resaltó a su vez que «el Gobierno de España seguirá trabajando para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería» para que los menores sean distribuidos de forma equitativa por el territorio nacional. «Es lo justo».