El Gobierno canario mantiene el pulso con La Moncloa a cuenta de los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha acordado este lunes remitir un requerimiento al Gobierno central en el que le acusa de estar incurriendo en una “acumulación de incumplimientos” en la atención a este colectivo vulnerable. El archipiélago da un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, ejercerá las acciones legales y judiciales que vea “adecuadas”, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello. “[Los menores] son su responsabilidad y están obligados a ocuparse”, ha zanjado en una conferencia de prensa.

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El Ejecutivo ha tomado esta decisión en su primera reunión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera el pasado viernes de forma cautelar, a petición de la Fiscalía, el protocolo de acogida a menores migrantes aprobado por la comunidad autónoma. El tribunal entiende que ese protocolo, que endurece los trámites que deben pasar los recién llegados antes de entrar en la red pública de acogida, puede perjudicar los derechos de niños “en situación de desamparo patente”. El día 13, la Fiscalía Superior de Canarias también emitió un decreto en el que enmendó este reglamento por desproteger a los menores migrantes, discriminarlos y delegar competencias autonómicas; y avisó al Gobierno canario de que podría estar incurriendo en un delito de abandono de menores. El Consejo de Ministros iniciará previsiblemente mañana martes los trámites para activar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre ese nuevo protocolo de acogida, según fuentes gubernamentales.

En lo que va de mes, a Canarias han llegado 4.075 migrantes y, entre ellos, 586 menores, según los datos del Ejecutivo autonómico, con lo que el número total de chicos y adolescentes no acompañados que tutela en este momento la comunidad ronda los 5.500. La pasada semana fue una de las más intensas en lo que va de año: arribaron a los muelles de las islas 2.794 personas, casi el 75% en El Hierro (1.081) y Lanzarote (952), según los datos de la Cruz Roja recogidos por Efe.

El protocolo canario, aprobado el día 12, frenaba la atención a los menores migrantes no acompañados al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. Entre estos pasos que se imponían, Canaria pretendía que hubiera una reseña policial completa, una audiencia, una resolución administrativa de dónde se ubicará al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del niño entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado.

Desde principios de septiembre, Canarias ha lanzado una ofensiva para poner en tela de juicio que la titularidad de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas sea responsabilidad automáticamente de las comunidades autónomas. A principios de mes, el presidente Fernando Clavijo anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los niños sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado.

Durante su comparecencia este lunes, Cabello ha recordado que en marzo de 2022 el Ejecutivo canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, presentó “en el contexto de una conferencia sectorial” un informe jurídico que “ponía en tela de juicio” que los menores no acompañados fueran competencia exclusiva de la comunidad autónoma.

Cabello ha dicho también que la Consejería de Bienestar Social va a presentar sendos recursos ante unas resoluciones de la Fiscalía en las que se dan órdenes para acoger a los menores “con unos centros que tienen sus capacidades ampliamente sobrepasadas”. El portavoz, eso sí, ha garantizado que todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos “sin ninguna duda” y ha vuelto a insistir en que el protocolo ahora suspendido sólo intenta “clarificar” la acogida. “En ningún caso se trata de poner palos en la rueda a ninguna Administración pública”, ha apuntado, remarcando que el problema estribaba en que “los menores estaban siendo entregados sin que se dieran las condiciones mínimas en cuanto a información y garantizar” sus derechos, “que deben estar por encima de cualquier otra cosa”.

Cabello ha completado apuntando que el “simple hecho” de la discusión respecto de este protocolo “ha hecho que, de facto, las condiciones en las que se van recibiendo hayan ido mejorando”, pues en algunas ocasiones no se remitía fotografía o venían menores con el mismo nombre repetido.