A simple vista, podría ser cualquier anuncio dirigido al electorado latino: una voz en off en español asegura que en Estados Unidos “el voto es un derecho sagrado” e insta al espectador a ejercerlo. “Si eres ciudadano estadounidense, cumple con tu deber: regístrate para votar”, exhorta la voz. Pero el tono del ad cambia bruscamente a los 13 segundos: desaparece el montaje de latinos sonrientes, reemplazado por un fondo blanco en el que se puede leer: “Es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, incluidas las elecciones presidenciales de 2024″. Y el locutor remata: “Hacerlo es generalmente un delito federal y te puede llevar a la deportación”.

Este anuncio, lanzado la semana pasada por una organización conservadora vinculada a Donald Trump, es solo el último ejemplo de la cruzada del Partido Republicano contra lo que consideran la mayor amenaza para las elecciones presidenciales de este año: el voto generalizado de personas que no son ciudadanas. El candidato republicano y sus aliados llevan los últimos meses de la campaña —en realidad los últimos años— alimentando la mentira de que miles de inmigrantes indocumentados en el país votan en las elecciones de manera ilegal y que este 5 de noviembre podrían alterar el resultado de los comicios, a pesar de que, como bien apunta la nueva campaña publicitaria, solo ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en las elecciones federales.

Aunque las evidencias refutan de manera definitiva cualquier credibilidad a esta narrativa de los republicanos, tras ocho años repitiendo la misma mentira, una mayoría de los estadounidenses la creen. En concreto, al 51% de todos los votantes —y al 82% de los republicanos— les preocupa que personas que no sean ciudadanos estadounidenses voten en noviembre, según una encuesta publicada la semana pasada. Así, el bulo de que los inmigrantes ilegales votan de manera masiva ha sido el mazo con el que Trump ha triturado la confianza en el proceso electoral.

En las semanas que quedan antes de las elecciones, y a medida que arranca la votación anticipada a lo largo del país, esta campaña publicitaria, financiada por la Article III Foundation —cuyo fundador, Mike Davis, es un íntimo aliado del expresidente—, se emitirá en Estados clave como Arizona, Nevada y Pensilvania, territorios disputados que tienen una considerable población latina. Por un coste de un millón de dólares, el anuncio se transmitirá por ESPN Deportes, Galavisión, Univision y otros canales de cable en español, así como en la radio en español, según NBC News.

Aunque Davis —de quien se rumorea que podría ser el fiscal general de Trump si el expresidente vuelve a la Casa Blanca— defiende el anuncio como uno de servicio público, a la vez el video tiene otro efecto: poner en duda la integridad del sistema electoral del país, una táctica que Trump ya usó para cuestionar los resultados de las votaciones de 2016 y 2020. Cuatro años después, en lo que ha llamado su última campaña presidencial, el republicano ha retomado la estrategia. Y con cada mitin, entrevista o debate en el que alega que el voto de las personas no ciudadanas determinará el resultado de las elecciones de noviembre, parece estar sentando las bases para rechazar lo que los ciudadanos decidan en las urnas.

Tres ciclos electorales distintos, una misma mentira
El pasado 10 de septiembre, durante el debate presidencial contra Kamala Harris, Trump acusó a la Administración demócrata de permitir la entrada al país de millones migrantes para que voten en los comicios de noviembre. “Ni siquiera saben hablar inglés. Ni siquiera saben en qué país están, prácticamente. Y esta gente está intentando que voten, y por eso les permiten entrar en nuestro país”, dijo el republicano, repitiendo una teoría conspirativa que empezó a difundir hace casi una década.

En 2016, cuando el republicano ganó las elecciones contra Hillary Clinton pero perdió el voto popular, se apresuró a culpar al supuesto voto ilegal inmigrante por la derrota. “Gané el voto popular si se descuentan los millones de personas que votaron ilegalmente”, escribió en sus redes sociales un par de semanas después de la votación de aquel año, sin ofrecer ninguna prueba de ello. Luego, ya como presidente y durante una reunión con líderes del Congreso, Trump fue más allá y concretó que habría ganado el voto popular de no ser por los votos de entre 3 y 5 millones de inmigrantes que residían de manera ilegal en el país. Y a los cuatro meses de haber iniciado su presidencia, en mayo de 2017, creó una comisión para investigar el supuesto fraude. La comisión luego se disolvió sin identificar un solo caso de un voto emitido por un no ciudadano.

Cuatro años más tarde, Trump volvió a agitar el fantasma del fraude electoral al negarse a aceptar su derrota frente a Joe Biden en 2020. Sus mentiras sobre el supuesto fraude que le costó una segunda presidencia resultaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y en que el republicano ahora se enfrente a dos causas penales por sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de ese año.

Ahora, a menos de 45 días de una nueva cita en las urnas, el expresidente y los suyos insisten en el bulo, llegando incluso a intentar vincular la financiación del Gobierno federal a que los Estados exigieran una prueba de ciudadanía cuando las personas se registren para votar. Aunque el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fracasó en su intento de que el proyecto de ley para evitar un cierre parcial de la Administración abordara el supuesto voto ilegal de los inmigrantes, Trump dejó claro que estaba dispuesto a que el Gobierno cerrase en vísperas de las elecciones si no conseguía lo que quería.

Jessica Chavarría, Mi Vota
Una calcomanía muestra el apoyo al voto de los latinos en Estados Unidos.
Ash Ponders
Sin pruebas que le respalden
Es ilegal que una persona que no sea ciudadana estadounidense se registre o vote en cualquier elección estatal o federal. Quien cometa este delito se enfrenta a una multa o a una pena de prisión de hasta un año, o a ambas, además de la posibilidad de ser deportado. No obstante, la ley federal no impide que los Estados o municipios concedan a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones locales. Algunos territorios lo han hecho, entre ellos varias ciudades de Maryland, California e Illinois, mientras que otros Estados, como Ohio y Luisiana, han prohibido la práctica.

Además, cada vez más Estados quieren endurecer los requisitos de prueba de nacionalidad a los ciudadanos para votar, requiriendo, por ejemplo, que presenten un pasaporte o un certificado de nacimiento o de naturalización a la hora de inscribirse. Organizaciones que se dedican a defender el derecho al voto insisten en que estos requisitos —como los que Trump quería implementar mediante la legislación para evitar el cierre del Gobierno— acaban obstaculizando, e incluso, suprimiendo el voto de muchas personas que, aunque sí sean ciudadanos, no tienen acceso fácil a los documentos pertinentes.

En esa misma línea, entidades como el Brennan Center, un instituto de derecho y política no partidista, consideran que exigir una prueba de ciudadanía es un trámite innecesario cuando las investigaciones demuestran que es extremadamente raro que una persona que no es ciudadana vote. Sobre las elecciones de 2016 en concreto, un estudio de este mismo centro encontró que en 42 jurisdicciones, que representaban un total de 23,5 millones de votos, los funcionarios electorales solo detectaron 30 incidentes de presuntos votos de no ciudadanos. Es decir, se sospechaba que solo el 0,0001% de los votos fueron emitidos de forma ilegal por inmigrantes que carecían de ciudadanía.

Más recientemente, en 2022, una auditoría del censo electoral de Georgia encontró alrededor de 1.600 casos de no ciudadanos que intentaron registrarse para votar entre 1997 y 2022, pero ninguno tuvo éxito. Además, la Heritage Foundation, el grupo conservador que está detrás del controversial Proyecto 2025, tiene una base de datos de fraude electoral en todo el país que incluye solamente 85 casos de voto de no ciudadanos desde 2002 hasta el año pasado.

A pesar de todas las pruebas que contradicen sus afirmaciones, Trump continúa aferrándose a la mentira. Y al hacerlo, está mostrando cuál va a ser su excusa si pierde, pero también infundiendo miedo entre los votantes inmigrantes que sí pueden votar este año pero que quizá decidan no hacerlo por temor a que su estatus migratorio sea cuestionado cuando acudan a las urnas. El abogado Cesar Ruiz, de la organización Latino Justice, señala que esto afecta de manera desproporcionada a los inmigrantes latinos, cuyas “familias suelen ser de estatus mixto”, es decir, algunos son ciudadanos mientras otros no lo son, por lo que el medio a la deportación está muy presente.

“Puede que la retórica les inquiete o les ponga nerviosos y decidan no votar”, apunta el licenciado. “Pero incluso cuando sí votan legalmente, vemos que intentan suprimir su voto. Así que estamos listos y preparándonos para esa realidad, entendiendo que estas van a ser unas elecciones muy reñidas, particularmente en zonas donde los latinos también tienen una población muy considerable”.

Trump plantó la semilla en 2016 y desde entonces la ha seguido cosechando con la ayuda de los suyos. En solo los últimos cuatro años, el candidato y sus aliados han presentado un puñado de demandas que cuestionan los procedimientos de registro de votantes en varios Estados, incluyendo Texas, Nevada y Arizona, territorios que concentran una parte significativa del electorado latino. Además, ha habido demandas en Michigan y Pensilvania, dos de los territorios claves que se espera que decidan las elecciones dentro de un mes.