El Tribunal Superior de Justicia de Canariassuspendió ayer la aplicación del nuevo protocolo de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno de Canarias. Lo hizo en una resolución en la que indica que, al margen de la respuesta judicial tras el recurso de la Fiscalía, las administraciones enfrentadas deberían llegar a un acuerdo sobre una materia tan relevante.

«Se impone un principio de elemental cautela y, por otra parte, tampoco está de más señalar, la búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias», afirma el tribunal.

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El protocolo aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo contempla que sean las Fuerzas de Seguridad o la Administración Central las que acojan a los menores y que solo tras una serie de trámites se puedan entregar a las autoridades autonómicas competentes.

La decisión ha chocado con el Gobierno central. El último Consejo de Ministros encargó al Consejo de Estado que elaborar un informe previo a la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias.

El recurso interpuesto el martes por la Fiscalía coincidía con esta tesis. Sostiene que, con el protocolo, el Gobierno de Canarias «elude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores, justificando su inactividad en una supuesta atención policial que, como es patente, carece del contenido propio de lo que la protección integral de un menor comporta».

En opinión del Ministerio Público, «constituye una falacia la supuesta atención protectora de los menores por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -o de los funcionarios del Estado, como indistintamente y de forma ambigua recoge el protocolo-». El motivo es que «efectivamente, sí son atendidos los menores por aquellos, pero no con el todo el alcance que se precisa, su protección derivada de una patente situación de desamparo».

El recurso pedía suspender la aplicación del protocolo de forma inmediata, sin esperar a recabar el parecer del Ejecutivo insular al respecto. Sostenía que de su entrada en vigor «se deriva la ausencia de atención inmediata, a los efectos de protección, de los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar, o que sean interceptados por Guardia Civil y Policía Nacional a su llegada a la costa».

“Especial urgencia”
La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo ha accedido a esa medida cautelarísima «por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia». La resolución explica que el acuerdo aprobado no precisa en qué fecha se inicia su aplicación, por lo que no puede descartarse que esta sea «inmediata».

Añade que «resulta difícil negar» que el cumplimiento de los requisitos previos que impone el protocolo para recibir a los menores «puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado», por lo que la suspensión es lo más prudente.

El Tribunal Superior da ahora un plazo de tres días al Gobierno canario para que ofrezca su opinión sobre la suspensión. Con eso sobre la mesa, resolverá si mantiene o revoca la medida cautelar mientras estudia el fondo del recurso.

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El recurso de la fiscal superior María Farnés Martín sostiene que el protocolo «vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral». El primero, por tratar de forma distinta a los menores que llegan por mar. El segundo, porque en la práctica renuncia a darles desde el primer momento la protección integral que merecen.

El nuevo protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre, establece una serie de trámites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antes de dejar a los menores bajo custodia de las autoridades canarias. Los agentes tienen que entregar una reseña policial completa, la inscripción en el registro de menores y se debe someter al niño a una audiencia previa, en presencia de un intérprete y con conocimiento de la Fiscalía.