El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido este viernes la aplicación del protocolo de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados aprobado el pasado día 10 por el Gobierno de Canarias. En él se contempla que sean las Fuerzas de Seguridad o la Administración Central las que acojan a los menores y que solo tras una serie de trámites se puedan entregar a las autoridades autonómicas competentes.

El recurso de la fiscal superior ante el TSJ pedía suspender su aplicación de forma inmediata, sin esperar a recabar el parecer del Ejecutivo insular al respecto. Sostenía que de su entrada en vigor “se deriva la ausencia de atención inmediata, a los efectos de protección, de los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar, o que sean interceptados por Guardia Civil y Policía Nacional a su llegada a la costa”.

La Sala Primera ha accedido a esa medida cautelarísima “por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia”. Explica que el acuerdo aprobado no precisa en qué fecha se inicia su aplicación, por lo que no puede descartarse que esta sea “inmediata”.

Añade que “resulta difícil negar” que el cumplimiento de los requisitos previos que impone el protocolo para recibir a los menores “puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado”, por lo que la suspensión es lo más prudente.

Los magistrados agregan que la suspensión puede facilitar un acuerdo entre las administraciones, en referencia a los gobiernos central y autonómico. “Así las cosas, se impone, por virtud de cuanto acaba de expresarse, un principio de elemental cautela y, por otra parte, tampoco está de más señalar, la búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

El TSJ da ahora un plazo de tres días al Gobierno canario para que ofrezca su opinión sobre la suspensión. Con eso sobre la mesa, resolverá si mantiene o revoca la medida cautelar mientras estudia el fondo del recurso.

El recurso de la fiscal superior, sostiene que el protocolo “vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución”. El primero, por tratar de forma distinta a los menores que llegan por mar. El segundo, porque renuncia a darles desde el primer momento la protección integral que merecen.

A eso se suma que, según la Fiscalía, el protocolo supone que el Ejecutivo canario elude las competencias que le corresponden sobre menores. En este punto, el Ministerio Público se alinea con la tesis del Gobierno Central. El último Consejo de Ministros encargó al Consejo de Estado que elaborar un informe previo a la presentación ante el Constitucional de un conflicto de competencias.

“Elude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores, justificando su inactividad en una supuesta atención policial que, como es patente, carece del contenido propio de lo que la protección integral de un menor comporta”, afirma la Fiscalía.

El nuevo protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre, establece una serie de trámites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antes de dejar a los niños bajo custodia de las autoridades canarias.

Así, los agentes tienen que entregar una reseña policial completa, la inscripción en el registro de menores y se debe someter al niño a una audiencia previa, en presencia de un intérprete y bajo el conocimiento de la Fiscalía. Con esto, además, se pretende que la Administración Central sea la primera que reciba al menor y practique ciertos trámites antes de transferir la responsabilidad al Ejecutivo canario.