La inmigración es sin duda uno de los problemas pendientes para el Gobierno, aún sin resolver, según muestran las imágenes de llegada masiva de inmigrantes a Canarias y Ceuta. La situación actual reviste una gravedad alarmante tanto por el drama que acontece en los lugares de origen como por la tensión a la que se exponen las fronteras de los países a donde llegan. La parálisis del Gobierno para hacer frente al flujo migratorio es palpable y la falta de voluntad política para abrir cauces de diálogo con la oposición ha agudizado la crisis que nos acompaña y desbordado la capacidad de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, creando una preocupación generalizada en toda España.

El nuevo curso político da entrada a un otoño caliente. Los datos que a diario vemos son escalofriantes 35.456 (enero-agosto) inmigrantes irregulares, un 62 por ciento superior a los de 2023. En esta situación, el presidente del Gobierno aprovechando su descanso veraniego y la proximidad a los países africanos, se ha dignado visitar Mauritania, Gambia y Senegal con el objetivo de firmar acuerdos de ‘migración circular’, con contratación en origen, legal, temporal y una formación adecuada, ofreciendo 250.000 puestos de trabajo y afirmando ser partidario de devoluciones de irregulares. Palabras que provocaron un aluvión de críticas por parte de Núñez Feijóo, que lo acusó de «alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular que multiplicará la llegada de emigrantes a España en vez de combatir a las mafias». El dirigente popular considera que Sánchez está actuando «al revés que el resto de los países de la Unión Europea.

La gira africana de Sánchez ha sido, ante todo, la confesión de un problema incentivado por un Ejecutivo incapaz de hacer frente al drama migratorio, que no se resuelve con promesas ni cánticos humanitarios. Sin un plan sólido que aborde la crisis migratoria desde un pacto de Estado y con una perspectiva integral –que pasa por aumentar el control de las fronteras, declarar la emergencia migratoria en todo el país, inyectar más dinero a las comunidades autónomas para ampliar sus capacidades de acogida e implicar a la Unión Europea con el despliegue de Frontex para colaborar en la vigilancia de las costas– la situación corre el riesgo de convertirse en un problema irresoluble.

Ante la falta de respuestas del Ejecutivo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y Juan Vivas, presidente de Ceuta, resisten la presión y piden una estrategia unificada y consensuada que involucre a todos los partidos del arco parlamentario. Criticar la política de inmigración de un gobierno no implica un acto de xenofobia ni de odio hacia los inmigrantes, siempre y cuando las críticas se enmarquen en un discurso respetuoso y basado en hechos. Pero más allá, desde la izquierda, siempre se tacha de xenófobo a aquel que critica sus políticas de inmigración. En una democracia, la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones y críticas hacia las políticas públicas.

Evidentemente, y ante la inacción del Gobierno, el balance que ha quedado patente es que el Ejecutivo no tiene una política migratoria respecto a lo que está considerado como uno de los más grandes retos a los que nos enfrentamos. También se ha echado en falta una mayor coordinación con Europa después de que Sánchez prometiera durante la presidencia de España este debate en el hemiciclo de la Unión Europea.