Una docena de activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas desde hace varias semanas han iniciado este sábado una huelga de hambre para exigir al Gobierno de España que cumpla con su “deber” de asilo político y les conceda la libertad como refugiados. El parón se produce igualmente en aras de denunciar las condiciones de “insalubridad” en las que están viéndose obligados a vivir durante su reclusión.

“Hay chinches, vemos sus cuerpos con señales de las picaduras, se quejan de que están comiendo la misma comida desde hace 20 días”, explica Fatima Fadel, abogada de algunas de estas personas, que sostiene que “la situación de higiene es terrible, no ven el sol, prácticamente están presos, esas condiciones son de una prisión”.

La protesta está siendo secundada por 30 activistas que se encuentran en Barajas, todos ellos hombres distribuidos entre las terminales 1 y 4. Se trata de presos políticos que padecen persecución en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y que en estos momentos siguen a la espera de que el Ministerio del Interior resuelva sus peticiones de asilo.

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Desde el pasado mes de julio, el Ejecutivo ha ido denegando progresivamente la concesión de estatus de asilo a varias de estas personas a pesar de que disponen de argumentos sólidos para sostener que su vida correría un grave peligro en caso de retornar a sus lugares de origen. De hecho, su deportación a Marruecos significaría una condena de muerte para los retenidos.

Ese mismo mes, varios eurodiputados, entre los que se hallaban los representantes de Sumar, Bildu y BNG, solicitaron a través de una carta a Interior que concediera el asilo a estos jóvenes activistas. A su juicio, España estaría incurriendo en la violación del derecho de asilo, que obliga a proteger a migrantes en situación de riesgo.

En esta línea, la letrada de los represaliados ha trasladado que hay siete personas de las 30 retenidas que tienen vuelos previstos para salir de España a Marruecos, a ciudades como Casablanca o Rabat, lo que provocará, ha augurado, su encarcelamiento por su labor activista. “No se están valorando las pruebas ni el relato que están denunciando”, ha lamentado.

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La Convención sobre el Estatuto del Refugiado, a la que España está adherida, establece en su artículo 33 que “ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”.