R. NOGUERAS/COLPISA. MADRID

El Gobierno al completo se reunirá hoy para analizar de manera conjunta, y por primera vez en el mes de agosto, la crisis de la inmigración. El primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano servirá para adoptar nuevas medidas que permitan hacer frente a los problemas suscitados por la entrada ilegal de extranjeros en España y para definir las demandas que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, trasladará a la Unión Europea en su próximo viaje a Finlandia.

La actuación más inmediata del Ejecutivo será el envío de las dos patrulleras y el helicóptero de la Guardia Civil que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordó destinar al control de las costas de Senegal en su reciente viaje a Dakar. En discusión está ahora si esa dotación se amplía a cuatro naves que permitan controlar el centenar de puntos de partida de cayucos localizados en los más de 700 kilómetros de costa de aquel país. Precisamente, ayer mismo se firmó en la capital senegalesa el memorándum que desarrolla este acuerdo político de hace unos días. El documento fue firmado por el ministro del Interior senegalés, Ousmane Ngom, el director del Centro Nacional de Inteligencia español, Alberto Sáiz, y el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

El Gabinete de Zapatero tendrá que analizar, además, las críticas del PP sobre el modo en el que se está llevando a cabo el plan de traslados de indocumentados desde Canarias hasta la Península y decidir si convoca una reunión con las comunidades autónomas para hablar del asunto. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ya anunció esta semana que en septiembre habrá una comisión sectorial sobre inmigración; pero, en principio, el tema que se pondrá sobre la mesa es el de la «distribución solidaria» de los menores que abarrotan los centros del archipiélago.

Recuento regional

Por este motivo, el secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, reclamó ayer al Ejecutivo un reparto más equitativo de los inmigrantes derivados a la Península. Según sus datos, el 85% de ellos desembarcaron en el último año en autonomías gobernadas por su formación. Las administraciones regionales hacen sus recuentos: Madrid (PP) dice haber acogido a 6.500; la Comunidad Valenciana (PP) 1.220; Murcia (PP) 836; Castilla – La Mancha (PSOE) 800; Cataluña (PSC – ICV) 750; Castilla y León (PP) 500; Aragón (PSOE) 282; Galicia (PSOE – BNG) 120 y Asturias (PSOE) 70. Ante esto, Arias Cañete exigió que se obre con mayor «lealtad» y con mayor «transparencia». «El Gobierno tiene que dar a las comunidades una información completa y profunda de los inmigrantes que se les envían, explicando el país de procedencia, los días de recepción del centro de internamiento y la fecha en que van a salir para que los servicios sociales puedan atenderlos; el informe sanitario, la situación psicológica y los idiomas conocidos».

Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración replicó que las comunidades del PP «no son precisamente las que más plazas (de Centros de Internamiento de Extranjeros) han ofrecido» y puso así en duda su voluntad de cooperar. Los populares, en cualquier caso, no se contentarán con una conferencia sectorial de autonomías para discutir la cuestión. La semana pasada reclamaron ya la comparecencia en el Congreso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y ayer añadieron la del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, para que informen sobre los traslados, sobre el «acuerdo real» con Senegal y Mauritania, sobre el número de inmigrantes que permanecen en España con órdenes de expulsión no ejecutadas, y sobre los efectivos y medios materiales que se destinan a su tramitación.

Sobre estas comparecencias y sobre la de Consuelo Rumí – reclamada por ERC – se debatirá el lunes en la Diputación Permanente que sustituye al Pleno en período vacacional y sobre la que el portavoz del PSOE en la comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, no adelantó cuál será la postura de su grupo. Sí rechazó, sin embargo, las cifras aportadas por el PP sobre el porcentaje de subsaharianos que se trasladan a comunidades de su signo y admitió «pequeños fallos en la coordinación».