En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ocupar la novena posición entre los problemas que más preocupan a los españoles a la primera, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado del 11,2% en el barómetro de junio al 30,4 % en el de septiembre.

Semejante progresión no se explica por ningún aumento sorpresivo de la llegada de inmigrantes ni por ningún suceso excepcional que pudiera haber impactado en la opinión pública. El único elemento diferencial es la centralidad que ha tomado esta cuestión desde que el PP ha decidido plantar cara a Vox a través de la peligrosa estrategia de situar la inmigración en el centro del debate político, y hacerlo en unos términos siempre conflictivos. Ojalá sirviera para frenar a los ultras pero, de momento, ha conseguido que la crisis de sobreocupación de los servicios de acogida de Canarias haya creado un estado de alarma cuando en nada incide en la vida cotidiana de los españoles. El PP ha pasado de votar en abril a favor de debatir una iniciativa legislativa popular para regularizar a cientos de miles de inmigrantes a rechazar en julio la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores no acompañados. El giro ha culminado con la visita de Alberto Núñez Feijóo a Giorgia Meloni y el elogio de sus duras políticas migratorias.

El propio barómetro da pistas de que estamos ante un fenómeno de percepción, porque cuando se pregunta a los 4.027 encuestados cuál es el problema que más les afecta personalmente, la inmigración cae al quinto lugar, por detrás de la economía, la sanidad, la calidad del empleo y la vivienda.

En la creación de determinados estados de opinión no cuenta solo de qué se habla en la conversación pública, sino los términos en que se hace. Y en este caso ha predominado un mensaje simplificador que vincula la inmigración con la inseguridad, pero también con otros problemas, como el aumento de las listas de espera o el acceso a la vivienda.

El discurso público condiciona la forma de mirar la realidad. Se señalan los cayucos repletos, cuando la mayor parte de los inmigrantes irregulares llegan por los aeropuertos; se ve a los manteros y a quienes recogen chatarra, pero no a los muchos extranjeros que trabajan en el campo sin los cuales no habría cosechas, ni a los cientos de miles de mujeres inmigrantes que se ocupan de las tareas del hogar o del cuidado de ancianos y personas dependientes. O a los miles de españoles con origen en la inmigración que en el siglo XXI forman parte normalizada e imprescindible de nuestro sistema productivo, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia nacional.

El riesgo de la utilización política de un relato catastrofista y estigmatizador sobre la inmigración no es solo su capacidad performativa para alterar la percepción de la realidad, sino los efectos que esa percepción puede tener sobre la propia realidad. Los migrantes observan ya un aumento de la hostilidad hacia ellos. Alimenta el miedo al otro, genera desconfianza entre los pobres y hacia los más pobres y orienta la política hacia respuestas autoritarias.

En Europa y también en España vamos a necesitar mucha inmigración. Lo que tenemos que discutir es la mejor forma de gestionarla, con políticas de integración y de lucha contra la desigualdad social. Hablar menos de identidad y más de derechos humanos, de calidad y dotación de los servicios públicos, y de redistribución de la riqueza.