¿Hasta dónde hay que ser tolerante con los intolerantes? El Parlament va a explorar ese límite, con la voluntad de combatir los discursos de odio de algunos diputados y poner freno a las medias verdades, o directamente falsedades, que se difunden a veces en los plenos y las comisiones, por ejemplo al vincular la inmigración con la inseguridad, como se hace desde los escaños de Vox y ahora también de Aliança Catalana.

Bajo el principio de un respeto máximo a la libertad de expresión, pero con la convicción de que no se pueden amparar discursos que incitan a la discriminación o la violencia, el presidente de la Cámara, de acuerdo con la Mesa, ha pedido asesoramiento a los servicios jurídicos internos, por un lado, pero también se están explorando fórmulas que aplican otros parlamentos para arbitrar una pauta catalana con la que abordar una materia compleja, que afecta a derechos fundamentales, explican fuentes parlamentarias.

Los servicios jurídicos internos analizan jurisprudencia europea sobre los límites de la libertad de expresión
En solo tres meses desde el inicio de la legislatura, el Parlament ya ha vivido situaciones de conflicto por las intervenciones de diputados como la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que se estrenó en el atril con sus habituales proclamas, vinculando la inmigración musulmana con la delincuencia y con duros ataques contra el islam por atentar contra los valores occidentales. El presidente de la Cámara, Josep Rull, la dejó terminar y le hizo una advertencia. Hace dos semanas, Orriols fue más allá y atacó directamente a la diputada de ERC Najat Driouech, de quien dijo “que hace ostentación de la misoginia islámica” por cubrirse el pelo con un hijab. Rull la volvió a amonestar.

En la pasada legislatura ya se vivieron episodios similares con diputados de Vox. Desde la presidencia de la Cámara, tanto Laura Borràs, primero, como luego Anna Erra, tuvieron que lidiar con ese tipo de discursos, poco habituales en la vida parlamentaria catalana anterior. Hace unos meses, Erra reconocía en una entrevista que le había costado encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y estos discursos de odio y discriminación, ante los que quiso ser estricta. “A veces no eres suficiente rápida o lo eres demasiado. Unos se quejan por poco y los otros por demasiado”, admitió.

Un parlamentario tiene una licencia mayor que otros ciudadanos en sus expresiones, por ofensivas que sean
Esas dificultades son compartidas por sedes legislativas de otros países europeos. Y ahí es donde ahora busca asesoramiento el Parlament para ver qué fórmulas están siendo más efectivas, ya que en algunos casos la intervención ha sido contraproducente, y estudiar en qué medida podrían adaptarse a Catalunya. No se trata solo de poner coto al discurso del odio, sino de evitar también la posterior victimización que hacen estas organizaciones nacionalpopulistas cuando en sede parlamentaria se les recrimina o se toman medidas disciplinarias por su intervención. Preocupa además la velocidad con que esa victimización se propaga en las redes sociales, añaden las citadas fuentes.

En esta fase de asesoramiento iniciada, el presidente y miembros de la Mesa del Parlament han podido intercambiar experiencias con la delegación del Parlamento de Baden-Württemberg que estuvo de visita hace unos días. Hablaron de diversos asuntos, pero los diputados del land alemán les explicaron que su método para combatir los discursos antisemitas y antiislamistas que se producen en las sesiones parlamentarias es permitir la intervención, sin interrumpirla, y analizarla a posteriori, a instancias de un grupo parlamentario o de la Mesa, en el marco de una comisión creada con ese fin.

Otra meta es combatir la victimización que la extrema derecha hace en redes cuando se les recrimina su discurso
En Catalunya, en la pasada legislatura se derivaron algunos episodios conflictivos a la comisión del Estatuto de los Diputados, para que lo analizara y en su caso tomara medidas. Sin embargo, no se llegó a tratar ninguno de los dossieres. Si se acabara adoptando una fórmula similar a la alemana, esa misma comisión podría analizar los casos que le llegaran.

El Parlament va tomando nota, con la voluntad de arbitrar en breve una fórmula propia. Los servicios jurídicos trabajan también en esa línea, analizando jurisprudencia europea relativa a los límites de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para todos, pero se ve reforzado en el ámbito parlamentario por el derecho de participación política.

Quienes ejercen un cargo público representan a los ciudadanos y tienen mayor licencia en sus expresiones, sobre todo en sede parlamentaria, ya que gozan de la prerrogativa de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de su actividad. En esta línea se han manifestado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como especialmente el Tribunal Constitucional español. Incluso cuando se produce en términos ofensivos, que molesta, que perturba, un sistema democrático debe tolerar la libertad de expresión. Es la tolerancia con los intolerantes. El Parlament ya lo sabe. Ahora busca la fórmula catalana para ordenar de manera adecuada la actividad parlamentaria.