Agentes de la Policía Nacional detuvieron a finales de julio al dueño de un club de alterne de Aduna acusado de explotar sexualmente a 18 mujeres. La operación, la única de este tipo que se ha desarrollado en lo que va de año en Gipuzkoa, sirvió para mostrar una realidad, la trata de seres humanos, que extiende sus tentáculos por locales y pisos de todo Euskadi.

Un número indeterminado de mujeres ejercen la prostitución en condiciones de semiesclavitud, a menudo hacinadas en una habitación y con la carga de una deuda económica contraída con quienes las han traído al País Vasco. Son la carne de cañón de un próspero negocio que mueve mucho dinero y que conduce a muchas de ellas a un porvenir incierto marcado por la droga y el desarraigo. La suya es una situación que denuncia todos los años el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra hoy.

En Euskadi actúan redes de trata de mujeres que se encuentran extendidas por otros países y comunidades autónomas. La operación de Aduna se desarrolló en un local de alterne, pero este tipo de negocios son cada vez menos numerosos. La prostitución se está trasladando a viviendas en las que malviven las mujeres, que deben estar disponibles a cualquier hora para atender a los clientes. «En los pisos hay un cuarto donde duermen las chicas, normalmente en literas. El resto de las habitaciones se destinan a los servicios sexuales. Trabajan toda la semana y solo pueden salir a la calle una hora al día», explica el inspector jefe del grupo operativo de extranjería y fronteras de Bizkaia.
Vivienda
Duermen en un cuarto con literas, el resto de las habitaciones se destinan a servicios sexuales
En lo que va de año, la Policía Nacional ha llevado a cabo en Euskadi tres operaciones contra la explotación sexual (en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava) y otras tantas contra la explotación laboral de personas (dos en Álava y una en Bizkaia). En el primer semestre de 2024, la Ertzaintza ha completado tres investigaciones con cinco mujeres liberadas y otros cinco inculpados. También este año, en febrero, una investigación conjunta de la Guardia Civil de Bizkaia y la Policía Nacional de Barcelona permitió desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. Operaciones como estas, según la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, «son fundamentales para salvaguardar la dignidad de personas en situación de vulnerabilidad» ante el «abuso despiadado y miserable que supone traficar con ellas».

Organizaciones como la desarticulada en febrero son habituales en este tipo de actividad. «Son grupos muy amplios que nunca se circunscriben a una sola ciudad. Tienen ramificaciones en varias comunidades autónomas y en varios países», afirma el inspector jefe, que prefiere no dar su nombre.

Sanciones
Los explotadores imponen a sus víctimas multas por no pintarse los labios o tener el periodo
De Latinoamérica
El origen de las víctimas ha variado con el tiempo. «Últimamente hemos detectado un descenso de mujeres de países africanos y un aumento de explotación de países latinoamericanos, como Colombia, Brasil y Paraguay». Allí son contactadas por miembros de estas redes, que las convencen para viajar a España con el espejismo de un futuro mejor, aunque no todas viajan engañadas. «Algunas ya saben a lo que vienen, pero no en las condiciones que luego encuentran, y otras viajan con la falsa promesa de un trabajo en una peluquería, empresa de limpieza o bar».

Se dan cuenta del engaño cuando llegan a su destino y entran en la casa que será su prisión, pero ya es demasiado tarde. Es entonces cuando sus explotadores les explican que han contraído con ellos una deuda que deberán pagar prostituyéndose. Es una cantidad que depende del país de origen. «Cuando vienen del centro de África las deudas pueden llegar a alcanzar los 40.000 euros, pero si proceden de Latinoamérica la cuantía es menor, de unos 5.000 euros», explica el inspector.

Importancia
«La labor policial es fundamental para proteger a las mujeres del abuso miserable que supone traficar con ellas»
Marisol Garmendia

Delegada del Gobierno en Euskadi

Cuando las víctimas llegan a un piso, al que las redes denominan plaza, permanecen en él dos o tres meses. Pasado ese tiempo van rotando por diferentes plazas en otras localidades, en las que suelen residir 21 días. Las tarifas que cobran a sus clientes varían, pero suelen ascender a 50 euros por 30 minutos y cien por una hora. Habitualmente ellas perciben el 50% de lo que ganan y con ese dinero tienen que pagar lo que deben.

El problema es que es una deuda cambiante. «Las chicas pagan de media entre 250 y 300 euros semanales por la habitación y también les cobran la luz y el agua», dice el policía. Además, viven bajo un estricto régimen de sanciones económicas impuesto por sus explotadores. «Les cobran por no pintarse los labios o tener el periodo, por cualquier cosa, eso hace que tarden mucho en saldar la deuda. Son mujeres con una enorme situación de vulnerabilidad y un estado de necesidad muy alto. Muchas veces se enganchan a las drogas porque les dicen que consuman con el cliente y de esa manera van a ganar más dinero.Al final terminan enganchándose y esa droga la tienen que pagar, con lo que la deuda sigue aumentando. Es un círculo del que no se acaba de salir nunca».

Pero tarde o temprano lo consiguen. Recuperan entonces su libertad tan solo para comprobar que no tienen ningún lugar al que ir. De la noche a la mañana se encuentran en la calle sin papeles y sin ninguna perspectiva. «Reciben la ayuda de ONGs, pero si no se les detecta, quedan en una situación complicada». Mientras ellas tratan de salir adelante, el negocio se nutre de nuevas víctimas. «Ha habido lugares donde hemos visto mucho dinero. En un piso encontramos 6.000 euros», dice el inspector. Era la recaudación de una jornada, el dinero que habían dejado los clientes. «Es gente joven, mayor…, de todo tipo, de la que te puedes cruzar por la calle todos los días».

Denuncias anónimas en la web de la Policía Nacional
«Las fuentes de información son muy variadas», afirma el responsable del grupo operativo de extranjería y fronteras. Las denuncias pueden provenir de vecinos de los pisos utilizados para la prostitución y también de las propias víctimas, que deben vencer el miedo a sus explotadores y a ser repatriadas a sus países. «Funciona muy bien la web de la Policía Nacional, en la que se puede poner una denuncia anónima». En cuanto al miedo, el inspector recalca que a las denunciantes «se les protege desde las instituciones». «Se les da un permiso de residencia y las ONGs y la Cruz Roja les ofrece alojamiento, manutención, cursos de formación y tratamiento psicológico».