El gobierno holandés del primer ministro Dick Schoof anunció en julio y confirmó la semana pasada su intención de solicitar «lo antes posible» una cláusula de exclusión voluntaria del sistema europeo de inmigración y asilo, una medida sin precedentes por parte de un Estado miembro fundador. En ese momento, pareció un anuncio simbólico, porque para ello sería necesaria una enmienda a los tratados a la que difícilmente accedería el resto de los socios europeos de forma unánime. Pero con el paso de los meses, la iniciativa de los Países Bajos va ganando simpatías y ahora es Hungía el país que se suma y anuncia que también quiere abandonar el sistema de asilo de la UE.

El liderazgo que ejerce el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en los países del Este de Europa podría propiciar más movimientos de ficha en este sentido y entonces sí tendría la delicada reforma más posibilidades. No hay que olvidar que Alemania, el país que ha sido baluarte de una política migratoria más laxa, acaba de establecer nuevos controles fronterizos, como fruto de un estado de opinión visiblemente cambiante. Incluso para Berlín es ahora difícil mantener en Bruselas el mismo discurso que durante las pasadas legislaturas.

El ministro húngaro para Europa, Janos Boka, ha argumentado que «es necesaria una acción dura contra la inmigración ilegal», al explicar en la plataforma X los motivos por los que Budapest quiere solicitar un distanciamiento de estas reglas en cuanto lo permita un cambio en los tratados europeos.

Desde la oposición húngara de Coalición Democrática, Csaba Molnar ha criticado que «mientras el primer ministro húngaro predica mano dura y protección de las fronteras, en realidad está abriendo la puerta trasera a los rusos que quieran entrar en la UE, sin información sobre sus antecedentes: esto no es recibir trabajadores invitados, sino una grave brecha de seguridad». Se refiere a los visados que Budapest está ofreciendo a inmigrantes rusos y bielorrusos, entre los que las autoridades de Bruselas sospechan que figuran numerosos agentes de inteligencia rusos que están accediendo por esta vía a territorio europeo.

El partido de Orbán responde a estas acusaciones que los países europeos emitieron 687.239 visados a ciudadanos rusos en el año en el que comenzó la guerra en Ucrania, 2022, y que en 2023 se siguieron repartiendo visados por parte de Francia (99.517), España (92.414) y Grecia (54.289). «Cuántos debates al respecto se han celebrado en el Parlamento Europeo?», se ha preguntado en voz alta desde Fidesz Andras Laszlo.

Boka ha confirmado, por otra parte, que Hungría no pagará la multa de 200 millones de euros impuesta por Bruselas a raíz de la sentencia judicial relacionada con el sistema de asilo. «Le he dejado claro a la Comisaria Ylva Johansson que Hungría no pagará esta multa», ha dicho, lo que llevará a que la cantidad se deducida de los pagos del presupuesto de la UE a Hungría, un método que la Comisión ya ha utilizado en el pasado, por ejemplo en el caso de Polonia.

La multa resulta de la acumulación de sanciones impuestas por violaciones legales relacionadas con los procedimientos de asilo desde junio, por la no ejecución de la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y su importe procede de la sanción de 1 millón de euros diarios, que deberá pagar hasta que Hungría cumpla los requisitos de la UE. Hungría no cumple de hecho las directivas de asilo de la UE, especialmente debido al funcionamiento ilegal de las zonas de tránsito. Aunque el gobierno húngaro ha modificado sus procedimientos, el nuevo reglamento tampoco cumple con los requisitos de la UE.

División en la Unión Europea
El Compromiso Europeo sobre Asilo, adoptado en 2023, prevé que los Estados miembros acojan a los solicitantes o que apoyen a los países que acogen a un número especialmente elevado de refugiados mediante contribuciones financieras, para compensar la distribución desigual y aliviar a países como Grecia, Italia y España. Fue un éxito político delicado, que solo se produjo después de largas negociaciones.

Países como Hungría y Polonia se resisten a su aplicación, sin embargo, y argumentan que acoger a migrantes va en contra de sus intereses nacionales y los obliga a renunciar a su identidad cultural. Exigen que la UE proteja sus fronteras exteriores con más fuerza y frene la migración en lugar de compartir la carga entre los Estados miembros.

El asunto amenaza con dividir a la Unión Europea y los países más afectados, como España, siguen sin una solución al problema. Si otros países se suman a Holanda y Hungría para salir del acuerdo o tratar de relajarlo, se debilitarían significativamente los esfuerzos de la UE por crear una política migratoria común y las fronteras exteriores de la UE podrían verse sometidas a una presión aún mayor.

Una posible salida podría ser un mayor apoyo financiero para los países que acogen a un número desproporcionado de migrantes, junto con una cooperación más intensiva para asegurar las fronteras exteriores. También podrían buscarse nuevas negociaciones para flexibilizar el mecanismo de distribución con el fin de reducir la presión sobre determinados países.