El presidente canario pidió ayer “responsabilidad y no solidaridad” para atender a los inmigrantes que llegan a las islas. Adán Martín recordó que el problema de la inmigración es de todos los españoles y exigió que los menores acogidos en el archipiélago sean distribuidos por todas las comunidades autónomas. Adán Martín aseguró ayer que la inmigración es un problema de todos, “de los españoles y de los europeos, y por eso no pedimos solidaridad, sino que cada uno cumpla con sus responsabilidades” y pidió que “de forma obligatoria los menores que acogemos en Canarias sean repartidos entre las distintas comunidades autónomas”.

Martín realizaba estas declaraciones al término de la reunión de su gabinete de crisis, en la que se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con el flujo de inmigrantes ilegales. “La actual política de derivación de inmigrantes –aseguró– se debe mantener repartiéndolos entre todas las comunidades porque está funcionando bien. Lo que entristece es que pongan en cuestión los acuerdos de reparto y lo que demuestra es que no han entendido nada, porque entran por la frontera española y europea, y por tanto afecta a todo el territorio”.

También pidió la creación de un mando coordinador, un comisionado especial o un ministerio en políticas de inmigración “con los que podría corregir la dispersión de competencias en la Administración” y que dedique “el cien por cien del tiempo” a buscar soluciones y afrontar un problema de esta magnitud.

El presidente canario exigió a Madrid una política conjunta de Estado en inmigración, y que ahora está dispersa en los ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Asuntos Sociales, Fomento e incluso Hacienda, que tiene medios marítimos a disposición de la Agencia Tributaria que no se están aportando en la lucha contra la inmigración.

Martín desveló que en la última conversación mantenida el comisario europeo Franco Frattini le manifestó que el Estado español todavía no le había hecho una propuesta formal sobre los problemas de la situación de los menores extranjeros e insistió en que este tipo de actuaciones son responsabilidad del Estado, que es quien tiene que llevar al Consejo Europeo y las diferentes instancias comunitarias la acción política y la demanda ante la inmigración.

Repatriaciones

Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora, explicó que los menores inmigrantes acogidos –que ya superan a los locales– son 627, sin contar 17 que permanecen en comisaría, a pesar de que el cupo asignado a la comunidad autónoma es de 250. Cada menor cuesta a las arcas públicas 30.000 euros anuales.

La consejera explicó que la convención de los derechos del niño de la ONU obliga a los Estados a cuidar de los menores, y por tanto no pide solidaridad, sino que el Gobierno obligue a que las comunidades autónomas acojan cupos de menores, porque los recursos en Canarias están desbordados y la integración así es imposible. El presidente del gobierno canario desmintió a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que había asegurado que el Gobierno no tiene competencias respecto a los menores inmigrantes.

Además reclamó también que se reactive al grupo de Extranjería de la Policía Nacional para tratar de localizar a los familiares de los menores y así poder repatriarlos, puesto que lleva más de dos años sin abrir ningún expediente pese a que los chicos telefonean a sus casas continuamente.

El Gobierno al completo se reunirá hoy para analizar de manera conjunta, y por primera vez en el mes de agosto, la crisis de la inmigración. El primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano servirá para adoptar nuevas medidas que permitan hacer frente a los problemas suscitados por la entrada ilegal de extranjeros en España y para definir las demandas que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, trasladará a la UE en su próximo viaje a Finlandia.

La actuación más inmediata del Ejecutivo en este terreno será el envío de las dos patrulleras y el helicóptero de la Guardia Civil que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordó destinar al control de las costas de Senegal en su reciente viaje a Dakar. En discusión está ahora si esa dotación se amplía a cuatro naves para controlar todo el litoral senegales.

Ayer mismo, el servicio de Salvamento Marítimo rescató a 68 personas, entre ellas ocho menores y dos mujeres, a bordo de una patera al norte de la Isla de Alborán (Almería), según informaron fuentes del servicio de rescate