La Diputación del Común ha abierto una investigación de oficio para supervisar la acogida de los menores migrantes en Canarias. A través de una petición de oficio, la Diputada del Común, Lola Padrón, ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social que cumpla con su deber legal de gestionar la atención de los niños y adolescentes que llegan a las islas. ‘’La situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo, lo cual ha propiciado la necesidad de autorizar el uso de espacios residenciales, recursos excepcionales para la atención de necesidades básicas, pero es precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención’’, reza el comunicado.

Hacinamiento, denuncias de maltrato y nada que hacer: la vida de los menores migrantes de Canarias

La Diputación del Común recuerda también a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias que, tras su visita a dos recursos de las islas, el Defensor del Pueblo recomendó ‘’la necesaria coordinación entre las administraciones y la coherencia en sus intervenciones’’. El Defensor del Pueblo se desplazó hasta los centros de emergencia habilitados en Hoya Fría y La Orotava el pasado 30 de julio, y propuso mejorar la atención coordinada tanto de los menores con necesidades de protección internacional, como los que se encuentran bajo la tutela de la entidad pública de protección, los que no tienen documentación y los que están próximos a cumplir la mayoría de edad“.

Además, Lola Padrón insiste en la obligación que tienen las instituciones de priorizar ’’siempre’’ el interés superior del menor. ‘’Desde nuestra función de defensa de los derechos humanos, firmemente comprometidos con la Convención de los Derechos del Niño, debemos garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones públicas, con responsabilidad en la atención a personas menores de edad, respondan a su interés superior, primando en todo caso el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante, en cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de menores’’.

Padrón señala en su escrito oficial que “preocupa a esta institución la salvaguarda de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas y cómo se va articular la coordinación entre Administración General del Estado, la Fiscalía y la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus respectivas competencias, a fin de garantizar la atención y la adopción de todas aquellas medidas que aseguren la protección y asistencia en situación de desprotección con enfoque de infancia’’. La Diputación del Común pide así al Gobierno de Canarias que le informe sobre cómo se va a materializar la coordinación de los medios en cada una de las islas del Archipiélago ‘’para garantizar la atención y protección con enfoque de infancia’’.

La Diputación del Común ha abierto esta investigación de oficio pocos días después de que el Gobierno de Canarias aprobara su nuevo protocolo de atención a menores no acompañados. Este documento exige que los menores pasen por una serie de trámites policiales antes de entrar en el sistema de protección. La Fiscalía Superior de Canarias ha recurrido el plan ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio Público ha pedido como medida cautelarísima la suspensión del protocolo, por vulnerar los derechos fundamentales de los niños.