osé Vázquez Barreiro ya no es concejal del Ayuntamiento de Guntín. El edil, número 5 de las listas del Partido Popular en las últimas elecciones municipales y miembro del gobierno local, entregó su acta este jueves tras conocerse que ha sido condenado a nueve meses de prisión y a pagar una indemnización de 44.000 euros a dos trabajadores marroquíes a los que mantuvo explotados en su granja familiar.

El grupo provincial del PP hizo oficial la decisión de su hasta ahora concejal a través de un comunicado en la mañana de este jueves. Vázquez presentó un escrito en el registro municipal de Guntín en el que comunica su renuncia al puesto. Además, abandonará también la disciplina del partido.

El PP asegura que el ya ex edil informó de su decisión al actual alcalde, Ángel Pérez, inmediatamente después de presentar su dimisión. Vázquez lo hace, según el partido, «de forma voluntaria e coa convicción de que é o mellor para non danar a imaxe do Concello, nin do goberno municipal, nin do Partido Popular».

La elección ha sido algo «persoal», según el PP, que afirma que los miembros de su equipo municipal y provincial desconocían la situación judicial del concejal hasta que salió a la luz este miércoles.

Los tres empresarios alcanzaron un acuerdo de conformidad y se declararon culpables
Así explotaban tres empresarios de Lugo a dos trabajadores marroquíes: jornadas de 13 horas, sin descansos y por 650 euros al mes
André S. Zapata

Jornadas eternas y salarios de esclavos
Y es que Vázquez Barreiro, junto a sus dos hijos, aceptó este martes una condena de 9 meses de prisión por un delito grave contra los trabajadores. Según la sentencia —que es firme al haber llegado a un acuerdo de conformidad la Fiscalía y la defensa de los acusados—, explotaron de manera continuada a dos empleados marroquíes a los que mantenían en condiciones deplorables en su granja.

Los responsables de la explotación agrícola, Casa do Coxo S.L., tendrán que indemnizar a las dos víctimas con 11.000 y 33.000 euros por los daños ocasionados. La resolución sostiene que los empresarios les imponían jornadas laborales de 13 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones. Ambos empleados recibían un salario mensual de 700 euros. Además, de esta cantidad se le descontaban 50 euros, supuestamente, por el «alojamiento proporcionado» en un anexo de la explotación, que consistía en dos habitaciones y un baño, equipados solo con un hornillo eléctrico para cocinar.

La Fiscalía subraya que ambos empleados aceptaron esas condiciones debido a su «situación de vulnerabilidad». Eran inmigrantes sin documentación, con desconocimiento del idioma, sin recursos económicos y con un bajo nivel cultural, lo que les impedía encontrar otros trabajos. Además, esperaban obtener los permisos de residencia a través de su trabajo.

El grupo provincial del BNG exigió este miércoles al PP que expulsase a su concejal tras conocer la condena. Unas horas más tarde, el PSOE se sumó también a esa petición. Los nacionalistas señalaron a la actual conselleira de Medio Rural y ex alcaldesa de Guntín, María José Gómez, al considerar que colocó a Vázquez como número 5 de la lista para las elecciones municipales del 2023 cuando este ya figuraba como investigado en esta causa judicial. El BNG defiende que la regidora conocía estas denuncias y aun así apostó por el edil en sus listas.

El gobierno local de Guntín mantuvo este jueves por la mañana una reunión de urgencia para valorar la situación del concejal. Aunque el partido no ha mencionado las decisiones tomadas en este encuentro, el edil renunció de manera supuestamente personal y voluntaria poco después. Todavía no se conoce quién ocupará ahora su plaza en la corporación.

Reacciones
Para los socialistas, según su portavoz provincial, Pilar García Porto, «sus acciones resultan absolutamente incompatibles con el ejercicio de cualquiera cargo público». El PSdeG sostiene que la condena «confirma a responsabilidade deste edil e dos seus socios pola explotación de traballadores, unha práctica inadmisible que atenta contra a dignidade e os dereitos fundamentais das persoas traballadoras». Señalaron a la exalcaldesa, pero también a Elena Candia: «Polo tanto, ela e tamén Elena Candia, como responsable provincial, deben de dar explicacións, porque non se pode mirar para outro lado cando acontece unha situación deste tipo que representa un claro ataque aos principios de igualdade e xustiza social».

La noticia de su dimisión obligó a la dirección del PPdeG a pronunciarse. Paula Prado, portavoz del grupo autonómico, explicó este jueves en un acto en Santiago de Compostela que su partido «ten máis de 1.800 edís» y que «é difícil coñecer as circunstancias persoais de cada un». Prado respondió de esta manera no solo al caso del concejal de Guntín, sino también al del edil de Ribadavia que presentó este martes su dimisión tras ser detenido por violencia de género. La coordinadora del PPdeG afirmó que «en calquera caso, os dous presentaron xa a súa renuncia e pediron a baixa do partido».