«Canarias no tiene semanas ni días. La necesidad de que el acuerdo llegue cuanto antes es urgente». Con la llegada de más de 570 migrantes en las últimas 24 horas a bordo de nueve embarcaciones, entre los que hay, al menos, 22 menores, los partidos políticos apuran sus agendas para mantener una reunión la próxima semana en la que abordarán la crisis migratoria que afronta el archipiélago.

Desde el Gobierno de Canarias, según declaró el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, destacan que los niños y niñas no acompañados «no pueden esperar más». Y es que dar una respuesta digna a los casi 6.000 menores que en la actualidad tutela el Gobierno de Canarias en solitario «es lo principal ahora», expuso Cabello. Descongestionar los recursos de acogida de los que dispone el archipiélago para poder atender adecuadamente a estos niños y niñas es una cuestión que se ha visto empañada por un intenso debate político sobre la reforma o no de la ley de extranjería, que busca que la distribución entre comunidades autónomas de los jóvenes no acompañados que llegan al archipiélago sea obligatoria.

Tanto el Gobierno de España como el Partido Popular, formación de la que cuyo voto a favor es determinante para que la modificación legislativa salga adelante, han mostrado su predisposición en llegar a un acuerdo y sentarse a negociar.

Como defiende el Ejecutivo autonómico, la reforma es «el único plan, no hay otra opción », como ya han transmitido en numerosas ocasiones, pues, en la actualidad, hay «81 centros de acogida que están sobresaturados».

Desde el PP, que votó en contra de la toma en consideración de la modificación legislativa el pasado mes de julio, trasladan su intención en continuar con las negociaciones. Todo ello, si se tienen en cuenta las peticiones reflejadas en el plan pactado en conjunto con el Gobierno de Canarias y que ratificó el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a principios de este mes. En dicho documento se hace hincapié, sobre todo, en establecer el cupo de niños y niñas que le correspondería acoger a cada una de las autonomías y que se garantice la financiación suficiente para poder disponer de los recursos necesarios.

Para el Gobierno regional esta también es una de las principales dudas que quedan «aún sobre la mesa. Sabiendo el cupo que le corresponde a cada comunidad autónoma de menores, se permitirá hacer el cálculo económico», indicó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. «El resto de incógnitas que había, como la posibilidad de la declaración de emergencia, ya está más o menos claro», expuso Cabello.

Mano tendida
La mano también está tendida por parte del Gobierno de España. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reiteró la voluntad que se tiene desde Madrid para seguir con las negociaciones. A su vez, criticó que los populares «siempre pongan condiciones» al pacto, lo que ha alargado las negociaciones, según trasladó en un desayuno informativo celebrado en Madrid ayer.

Con todo, desde el Ejecutivo regional se muestran optimistas y confían en llegar a buen puerto. Ejemplo de ello, según apunta Cabello, fue la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al archipiélago, donde pudo conocer de primera mano la realidad que se vive en las islas. «Entendemos que no sería comprensible que España no estuviera a la altura, como si lo ha demostrado Europa», planteó Cabello.

Para el líder de los populares en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, el encuentro que puede darse la próxima semana puede ser el inicio del camino para llegar al acuerdo y, también, «para seguir hablando de un plan general con respecto a la migración irregular que no solo se ciña a los menores». Aunque se muestra preocupado por la situación, espera que no se caiga «en la bronca y en dividir a la población» y que la intención del Ejecutivo estatal sea la de negociar para modificar la ley.

El TSJC decide hoy si suspende el protocolo de acogida de menores
CANARIAS7/Efe. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias determinará, previsiblemente hoy, si acepta o no el recurso interpuesto por la Fiscalía Superior de Canarias para suspender el protocolo aprobado por el Gobierno canario para ordernar la acogida de los menores migrantes que llegan al archipiélago. Todo ello, al entender que este perjudica a los niños en «situación de desamparo patente».

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, elevó su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. En él solicitó que suspenda el protocolo de forma temporal, hasta que se pronuncie el juzgado, como «medida cautelarísima» (de forma urgente).

Según fuentes judiciales, el asunto está residenciado en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal en su sede en Santa Cruz de Tenerife. Como trasladaron, la Sala dispone de un primer plazo de 48 horas para decidir si acepta o no la petición de medidas cautelarísimas.

Diferentes sectores han mostrado su rechazo al protocolo. Por ello, la Diputación del Común anunció ayer que se abrirá una investigación de oficio para supervisar la acogida de los menores ahora que está en marcha este nuevo plan.

La Diputada, Dolores Padrón, Pérez ha pedido que se le informe de cómo se va a materializar la coordinación de los menores migrantes en cada una de las islas y ha recordado las recomendaciones hechas en julio por el Defensor del Pueblo en su visita a dos centros de atención.

Afirmó que el número de niños y niñas que tiene bajo su tutela Canarias supera la capacidad «respecto a su atención inmediata e integral».