El presidente de Canarias, Adán Martín, aseguró ayer que la inmigración «es un problema de todos, de los españoles y de los europeos, y por eso no pedimos solidaridad, sino que cada uno cumpla con sus responsabilidades», y pidió que, «de forma obligatoria, los menores que hoy acoge Canarias sean repartidos entre las distintas comunidades autónomas».


Adán Martín realizó estas declaraciones al término de la reunión del gabinete de crisis, en la que se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con el flujo de inmigrantes ilegales. «La actual política de derivación de inmigrantes – aseguró – se debe mantener repartiéndolos entre todas las comunidades porque está funcionando bien. Lo que entristece es que pongan en cuestión los acuerdos de reparto, y lo que demuestra es que no han entendido nada, porque entran por la frontera española y europea, y por tanto eso afecta a todo el territorio».

También pidió la creación de un mando coordinador, un comisionado especial o un ministerio en políticas de inmigración, «con los que podría corregirse la dispersión de competencias en la Administración», y que dedique «el cien por cien del tiempo» a buscar soluciones y afrontar un problema de esta magnitud.

El presidente canario exigió a Madrid una política conjunta de Estado en inmigración, que ahora está dispersa en los ministerios del Interior, de Exteriores, Defensa, Asuntos Sociales, Fomento e incluso Hacienda, que tiene medios marítimos a disposición de la Agencia Tributaria y que no se están aportando en la lucha contra la inmigración.

Martín desveló que en su última conversación con el comisario europeo Franco Frattini éste le manifestó que el Estado español aún no le había hecho una propuesta formal sobre los problemas de la situación de los menores extranjeros, e insistió en que este tipo de actuaciones son responsabilidad del Estado, que es quien tiene que llevar al Consejo Europeo y a las diferentes instancias comunitarias la acción política y la demanda ante la inmigración.


627 menores en las islas


Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, María Luisa Zamora, indicó que los menores inmigrantes acogidos – que ya superan a los locales – son 627, sin contar los 17 que permanecen en la comisaría, a pesar de que el cupo asignado a la comunidad autónoma es de 250. Cada menor cuesta a las arcas públicas 30.000 euros anuales.


La consejera dijo que la convención de los derechos del niño de las Naciones Unidas obliga a los Estados a cuidar de los menores, por lo que no pide solidaridad, sino que el Gobierno obligue a que las comunidades cojan cupos de menores.