Tal vez lo hayan escuchado o, incluso, pensado. Que “los gitanos viven del ingreso mínimo vital (IMV)” o de “las ayudas”. Como tantos otros prejuicios, sobre todo los que señalan a minorías, calan con fuerza en la sociedad, pero no se ajustan a la realidad. Así lo ha destacado este jueves la catedrática en Economía Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAK, que ha presentado un estudio sobre el alcance de la prestación contra la pobreza en esta comunidad, encargado por la Fundación Secretariado Gitano. El resultado principal: el IMV solo llega al 29% de las personas gitanas que tiene derecho a percibir la ayuda.

De hecho, el IMV llega a menos población gitana con derecho a la ayuda de lo que ocurre entre la sociedad en general. “El IMV solo llega al 29% del total de la población gitana potencialmente beneficiaria que cumple los requisitos, en comparación con el 35% de la población general en exclusión social según la estimación ofrecida en el segundo informe de la AIREF”, recoge el informe.

El escaso dato de cobertura del IMV se puede expresar de otro modo: un 71% de las personas gitanas con derecho a esta prestación, personas vulnerables en situación de pobreza, no la recibe.

Sara De la Rica puso énfasis en “ofrecer la evidencia” sobre la realidad, “porque realmente hay mucho desconocimiento y mucha demagogia y tenemos que luchar contra eso”. En otro estudio, focalizado en la percepción de la población general sobre los migrantes, la catedrática constató “el impresionante desconocimiento” sobre “la situación respecto al empleo, paro, cuánto disfrutan de prestaciones sociales, cuánto gastan y usan servicios públicos”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha participado en la presentación del estudio, ha reconocido la necesidad de “mejorar” el ingreso mínimo vital, una prestación “muy joven”, ha recordado, ya que se aprobó en 2020 en plena pandemia. Saiz se ha comprometido a seguir analizando y revisando el IMV, con la intención de reducir el número de personas excluidas con derecho a la ayuda.

Sara de la Rica y Lucía Gorjón, una de las investigadoras de ISEAK responsable del estudio, han destacado que la población gitana tiene en general más conocimiento de la existencia del ingreso mínimo vital que otros sectores de la población. Con altas tasas de pobreza (90% de los niños), y un 52% de los hogares gitanos con derecho al IMV, la comunidad tiene bastante relación con administraciones públicas y otras organizaciones sociales como Secretariado Gitano, que les han hecho llegar la existencia de la ayuda.

Pero una cosa es conocer la ayuda y otra percibirla. Las investigadoras han destacado algunas de las principales barreras que alejan a los posibles perceptores de este derecho, entre las que han destacado la necesidad de “asistencia o apoyo” para solicitar la ayuda por su difícil tramitación. En este punto, Gorjón aportó un dato de la relevancia del acompañamiento: entre los encuestados que colaboran con Secretariado Gitano la cobertura del IMV aumenta “del 29% al 44%”.

Otros de los obstáculos más significativos para no recibir la prestación apunta a las largas esperas, los “periodos de tramitación o las denegaciones por complejidades burocráticas o la imposibilidad de acreditar algunos requisitos”. El periodo medio de tramitación del IMV alcanza los 9 meses y medio entre los encuestados. “Es un curso escolar y hablamos de personas con extrema necesidad, que por eso piden la prestación”, ha enfatizado Lucía Gorjón.

“Existen otras dificultades relacionadas con el limitado acceso a internet, la alta movilidad de miembros del hogar y la variabilidad de los ingresos a lo largo del tiempo”, recoge el informe.

Y, aunque en general la población gitana conoce el IMV, las investigadoras han llamado la atención sobre un punto ciego importante: el llamado CAPI, complemento de ayuda a la infancia. Se trata de las ayudas por hijo de entre 57 y 115 euros al mes para familias de escasos recursos sobre las que, como señaló la AIReF, hay un profundo desconocimiento entre la población que provoca que llegue aún a menos personas con derecho a ellas.

Las investigadoras han destacado por otro lado la relevancia de otras políticas de integración, laboral y educativas, que deberían complementar al IMV para que la prestación sea solo una ayuda de tránsito a una situación mejor y autónoma de las familias.

En este sentido, el 28% de población gitana que recibe el IMV está trabajando, pero con ingresos insuficientes en su hogar, y un elevado porcentaje, el 72%, no trabaja. De estos últimos, el 38% de los encuestados dice que ha buscado un empleo, un 30% sí quiere trabajar, pero no ha buscado empleo (los llamados desanimados), y un 32% no busca empleo y no manifiesta su voluntad de trabajar, ha desagregado Lucía Gorjón.

Las economistas han subrayado que “un 95% de los perceptores del IMV no reciben ofertas de trabajo” de los servicios públicos de empleo. “Si no recibes ofertas, es normal que te desanimes”, ha indicado Gorjón. En cuanto a la formación, solo el 22% de los encuestados había recibido alguna, porcentaje que se eleva al 40% entre quienes colaboran con la Fundación Secretariado Gitano.

Otra palanca clave para romper la cronificación de la pobreza y la herencia de padres a hijos, los apoyos educativos, solo habían llegado al 12% de los hogares. “Es una cifra muy baja”, criticó Gorjón.

Entre las propuestas de mejoras de la Fundación ISEAK, De la Rica ha recomendado universalizar la declaración de la renta a todas las personas mayores de 18 años, y la interoperabilidad de los datos entre distintas administraciones, “simplificar trámites”, “mejorar la comunicación” (especialmente del CAPI), una ventanilla única para atender a las familias con estas ayudas y otras políticas de integración, y la modernización y mejora de los servicios públicos de empleo, entre otras.