ANXO GUERREIRO

TODOS los especialistas en los fenómenos migratorios destacan con preocupación que ninguna acción a favor de la integración será eficaz si no va precedida, acompañada y continuamente apoyada por una lucha vigorosa contra el racismo y la xenofobia. Pues bien, ignorando estas contrastadas recomendaciones, el Gobierno y los Ejecutivos de determinadas comunidades autónomas, con motivo del traslado de inmigrantes de Canarias a la Península, se han enzarzado en un debate que no sólo produce vergüenza ajena sino que implica un alto riesgo para la convivencia, al estimular una potente corriente de pensamiento, o lo que así se califica, que deplora la inmigración y se manifiesta apasionadamente contra su entrada y continuada presencia en el país.


A despecho de los demagogos de uno y otro signo, debemos tomar conciencia de que dar respuesta a los múltiples problemas que genera la inmigración – y a las causas que la producen – se ha convertido en el principal reto de nuestras democracias. Porque, en efecto, no existe hoy un solo país desarrollado, con la excepción de Japón, en el que el problema de la inmigración no se haya convertido en una cuestión política de primer orden. En EE.?UU., por ejemplo, en los primeros siete meses del año, sólo en la frontera con México se ha detenido a más de 600.000 ilegales. Por eso, utilizar la inmigración como arma política arrojadiza es una irresponsabilidad, y por esa misma razón el oportunismo ramplón de quienes creen haber encontrado en esta cuestión un filón electoral inagotable produce rubor y merece el más absoluto rechazo.


En España, la rápida transformación de un país de emigrantes en una sociedad de inmigración, la grosera utilización que determinadas fuerzas políticas hacen del hecho migratorio y la inexistencia de una política europea en la materia son datos que confieren a esta cuestión dimensiones impensables hace tan sólo unos años. El problema radica, sin embargo, en que la presión migratoria no va a ceder, y España está a las puertas del continente más pobre y desheredado del planeta. El Mediterráneo es una zona de ruptura donde se concentran todas las contradicciones entre países ricos y pobres, o, como prefieren decir aquellos que combinan la habilidad semántica y el tacto diplomático, entre el Norte y el Sur. Todo ello explica por qué España no puede gestionar sola esta compleja situación, y el Gobierno, con razón, se niega a convertir a nuestro país en el gendarme de Europa ante las puertas de África.


Así pues, la UE está obligada no sólo a poner los medios para afrontar los períodos agudos de la crisis, sino, y sobre todo, a cambiar su estrategia sobre los flujos migratorios y su relación – política y económica – con los países de origen de la inmigración, única forma de atajar el problema en su raíz. En esta delicada materia faltan soluciones y sobra mucha demagogia.