La Fiscalía ha recurrido este miércoles el protocolo de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados recién aprobado por el Gobierno de Canarias y ha pedido Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que paralice inmediatamente su aplicación.

La Fiscalía Superior de Canarias considera que el protocolo “vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución”.

El recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ incluye la petición de suspensión de la aplicación del protocolo de forma inmediata. La Sala debe ahora estudiar si acepta esta medida cautelarísima y aplica la suspensión sin recabar informe del Gobierno Canario sobre la solicitud. También puede optar por tramitar la petición de forma cautelar, de manera menos urgente, solicitando informes previos al respecto.

El motivo es que “su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma”.

El Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados fue publicado el 12 de septiembre. Pretende que la Administración Central sea la primera que reciba al menor y practique ciertos trámites antes de poder transferir la responsabilidad al Ejecutivo insular.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado en contra del protocolo y ha solicitado un informe al Consejo de Estado ante la posibilidad de que exista un conflicto de competencias que podría llevar ante el Tribunal Constitucional.

Por su lado, el gobierno autonómico de Fernando Clavijo considera necesario el protocolo para encauzar la saturación de menores inmigrantes que sufre el archipiélago. El ejecutivo encabezado por Coalición Canaria ha declarado la situación de las islas “como emergencia migratoria agravada, al haber sido agotados todos los medios materiales personales de acogida de menores migrantes no acompañados”.

El protocolo establece que tras la llegada del menor, se requerirá “su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal”.

Solo “tras la cumplimentación” de estas actuaciones previas, "el órgano competente estatal comunicará a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de Canarias la existencia de un menor migrante no acompañado “en condiciones de ser entregado para este pueda ser acogido de forma adecuada”.

Clavijo: la Fiscalía debería ser “igual de exigente” con el Estado
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la decisión de la Fiscalía de Canarias y ha querido recalcar que este protocolo únicamente va orientado a proteger a los menores y a garantizar su seguridad jurídica.

En rueda de prensa, Clavijo ha indicado que igual que la Fiscalía es “muy exigente” con el Gobierno de Canarias una vez que los menores llegan a las islas, tiene que ser “igual de exigente” con el Estado y “no permitir, como ha ocurrido durante meses, que esos menores sean entregados sin las debidas garantías”.

“Si queremos sobrecargar, presionar y atacar solo a una de las tres patas de la mesa, al final se rompe y se cae y son los niños y las niñas los que sufren las consecuencias”, afirmó Clavijo, quien admitió que le hubiera gustado “más diligencia” por parte del Estado y la Fiscalía por velar por todo el procedimiento y “no solo apretar en el último tramo”, que compete a la comunidad autónoma, informa Europa Press.