La Fiscalía Superior de Canarias ha recurrido este miércoles el protocolo canario de atención a menores migrantes no acompañados. El plan aprobado por el Ejecutivo regional impone una serie de trámites policiales previos que ralentizan la entrada al sistema de protección de los niños y adolescentes que llegan al Archipiélago en pateras y cayucos. El Ministerio Público considera que la medida impuesta por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.

El Gobierno canario impone un nuevo protocolo que eterniza la acogida y protección de los menores migrantes rescatados

El recurso, al que ha tenido acceso esta redacción, ha sido presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En él, la Fiscalía solicita al Tribunal la suspensión del protocolo, ya que ‘’su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo’’ en la que los menores llegan a las costas de Canarias.

El protocolo fue publicado el jueves en el Boletín Oficial de Canarias. En el documento se recoge que la acogida de un menor migrante por parte de la comunidad autónoma exigirá primero una identificación, la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del Estado en presencia de un intérprete. Además de estos tres documentos, la Administración General del Estado tendrá que comunicar al Gobierno autonómico la existencia de un menor migrante ‘’en condiciones de ser entregado’’.

En ese momento, Canarias tendrá que ’’verificar’’ la disponibilidad de plazas para que el niño sea atendido en un centro. Según el Gobierno regional, el objetivo es ‘’la necesaria ordenación’’ de la recepción de los niños. Por último, la ’’entrega’’ deberá ser ante un policía autonómico o un funcionario público habilitado, que deberán aportar documentación individualizada sobre el menor y sobre las condiciones en las que fue localizado.

Esta decisión ha sido adoptada por el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC) en plena emergencia humanitaria y con 5.600 niños y adolescentes acogidos en centros precarios. La Fiscalía se ha mostrado clara en relación a este protocolo. ‘’No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales’’, concluyó en un documento la fiscal superior de Canarias, María Farnés.

Un posible órdago

Este martes, tras incendiar sus relaciones con el Estado, el presidente de Canarias ha viajado a Madrid para reunirse con los ministros con competencias en materia migratoria. El Ejecutivo central ha recibido a Fernando Clavijo después de que este acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de ’’abandonar’’ al Archipiélago, a pesar de que es la comunidad autónoma la responsable de atender y tutelar a los menores extranjeros no acompañados que lleguen al territorio canario. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Clavijo ha dejado caer que el protocolo podría tratarse de un órdago: ‘’Hemos conseguido que el Gobierno de España y el PP se sienten. Si este revuelo ha conseguido que se sienten, bienvenido sea’‘. Otra de las medidas de presión implantadas por Canarias ha sido la instalación de carpas en los muelles para que los jóvenes pasen ’’unos días’’ hasta ser reubicados en otros dispositivos.

En sus declaraciones a los medios, Clavijo también tachó de ’’ridícula’’ la argumentación de la Fiscalía sobre el carácter discriminatorio del protocolo. El Ministerio Fiscal subrayó que el documento del Ejecutivo autonómico no tiene en cuenta ‘’ni analiza las repercusiones que la intervención policial puede tener en los menores, sobre todo si son extranjeros y están solos’’.

“Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra después de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida no está en disposición de ser oído con garantías, ni mucho menos, como parece apuntar el protocolo, que este manifieste que tiene un familiar o un allegado en algún lugar distinto de Canarias y que, por lo tanto, en ese sentido se debiera de actuar, pues ello implicaría un claro riesgo para el menor”, defiende el texto firmado por María Farnés.

También el Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el protocolo de Canarias. El Gobierno ha acordado solicitar al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente ante un posible ‘’conflicto de competencias’’. Esta batalla judicial se suma la denuncia presentada contra el Ejecutivo regional por parte de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los niños.