J. MORENO / EFE/TENERIFE/MADRID

El presidente canario, Adán Martín, aseguró ayer que la inmigración es un problema de todos, «de los españoles y de los europeos, y por eso no pedimos solidaridad, sino que cada uno cumpla con sus responsabilidades». Por eso pidió que «de forma obligatoria los menores que acogemos en Canarias sean repartidos entre las distintas comunidades autónomas».

Martín realizaba estas declaraciones al término de la reunión de su gabinete de crisis, en la que se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con el flujo de subsaharianos en cayucos.

«La actual política de derivación de inmigrantes – aseguró – se debe mantener repartiéndolos entre todas las comunidades porque está funcionando bien. Lo que entristece es que pongan en cuestión los acuerdos de reparto y lo que demuestra es que no han entendido nada, porque entran por la frontera española y europea, y por tanto afecta a todo el territorio». También pidió la creación de un mando coordinador, un comisionado especial o un ministerio en políticas de inmigración «con los que podría corregir la dispersión de competencias en la Administración» y que dedique «el 100% del tiempo» a buscar soluciones.

30.000 euros por menor

El presidente exigió a Madrid una política conjunta de Estado en inmigración, y que ahora está dispersa en varios ministerios.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora, explicó que los menores inmigrantes acogidos – que ya superan a los autóctonos – son 627, sin contar 17 que permanecen en Comisaría, a pesar de que el cupo asignado a la comunidad es de 250. Cada niño cuesta a las arcas públicas 30.000 euros anuales. Explicó que la convención de los derechos del niño de la ONU obliga a los Estados a cuidar de los menores, y por tanto no pide solidaridad, sino que el Gobierno obligue a que las comunidades acojan cupos de niños.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debatirá el lunes las peticiones del PP y ERC de que los ministros de Interior, Exteriores y Trabajo expliquen de manera urgente el traslado de subsaharianos desde Canarias a otras regiones.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, insistió ayer en que el Gobierno realice un reparto «equilibrado» de los inmigrantes entre las comunidades, para que puedan ser atendidos con las «mejores condiciones» y para que ninguna se vea «desbordada». De acuerdo a los datos de que dispone el PP, afirmó que casi el 49% de estos extranjeros ha sido derivado a Madrid; el 20% a Murcia; el 16% a Valencia; el 14% a Málaga, y el 1,6% a Barcelona.