Giorgia Meloni, que mañana jueves se encontrará en Roma con Alberto Núñez Feijóo, acoge encantada a todo aquel que venga a hacerse una foto con ella para legitimar su modelo de lucha contra la inmigración ilegal, una de las banderas de su mandato. Se basa en medidas controvertidas que a veces fuerzan los límites del derecho internacional, criticadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos pero que, no obstante, aspira a convertir en referencia europea. Para rechazar, de paso, que se trate de políticas de extrema derecha, porque cuentan con el aval de la UE. De hecho, ha contado estos años con el apoyo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el lunes pasó por Roma el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, “muy interesado” en su modelo.

En realidad, la UE sigue en Italia la polémica fórmula que solo escandalizó al principio cuando se estrenó con Turquía en 2016: externalizar las fronteras, a base de grandes inversiones, en condiciones de dudoso respeto a los derechos humanos. En el caso de Italia, con Libia y Túnez, considerados países no seguros, pero que han establecido acuerdos de financiación con la UE. A cambio, se están encargando de cerrar el paso a los inmigrantes que quieren zarpar a Italia, o los interceptan en alta mar. De este modo, el Gobierno de Roma ha logrado reducir, en lo que va de año, más de un 60% el número de llegadas de migrantes ilegales por el Mediterráneo: en 2023, a fecha de este miércoles, eran 130.449 personas, y ahora son 44.900. Lo resumió hace poco Nicola Molteni, subsecretario de Interior: “Mientras el año pasado la emergencia estaba en Lampedusa, hoy está en Canarias”.

Por eso Starmer llegaba el lunes a fijarse en el modelo de Meloni, pese a que acaba de anular el plan de su predecesor de deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Porque ella ha conseguido que la UE transija con algo parecido, a diferencia del rechazo que suscitó aquella propuesta. Se trata de un controvertido proyecto anunciado hace un año y rodeado de dudas legales: abrir en Albania, país que no forma parte de los Veintisiete, dos centros para alojar a los inmigrantes rescatados por Italia. Será la primera vez que un estado de la UE delegue su responsabilidad en materia de asilo en un tercer país, algo complejo jurídicamente y que ya valoraron hacer Dinamarca y Austria copiando el plan del Reino Unido con Ruanda.

Los dos centros estarán en Shengjin y Gjader, con capacidad para 3.000 personas. Es decir, las personas rescatadas en el mar por Italia serán enviadas allí, y no a suelo de la UE, a esperar la resolución de sus expedientes de asilo o ser devueltos a su país. Con financiación y personal italianos, bajo jurisdicción italiana. La apertura estaba prevista para este mes, pero acumula retrasos, aún no hay fecha y sí muchas incógnitas. Sobre todo, su coste en personal y funcionarios desplazados. Y también está por ver qué harán las ONG de rescate, que se niegan a aceptar este procedimiento.

Para Starmer, como para la UE, se trata de ser “pragmático”, ha dicho, no es cuestión de izquierda o de derecha: “Los migrantes son un desafío común, cuanto más cooperemos, más resultados obtendremos”, ha explicado en una entrevista al diario La Repubblica. Es la respuesta a quienes, dentro del laborismo, le reprochan tomar como modelo un Gobierno de ultraderecha.

El primer acuerdo entre Italia y Libia, país fragmentado por una guerra civil, se firmó en 2017 y en el poder no estaba entonces la ultraderecha, sino el Ejecutivo del centro-izquierda de Paolo Gentiloni, del Partido Democrático (PD). Siempre ha sido polémico y denunciado por informes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y organizaciones de defensa de derechos humanos. Financia una guardia costera, antes inexistente, formada por milicias locales, y a veces con lazos con las propias mafias de traficantes de personas. Además, los detenidos acababan en centros de acogida donde se han denunciado torturas y violaciones de los derechos humanos. Nunca ha sido problema para ir renovando el acuerdo cada tres años, la última vez, con el nuevo Gobierno de Meloni, en noviembre de 2022.

Con Túnez, un régimen autoritario, ocurre lo mismo. El acuerdo que ha cambiado los números este año llegó precisamente en julio de 2023 como respuesta a la llegada a Italia de 70.000 personas. Túnez era el origen del 62% de quienes desembarcaban. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Giorgia Meloni se apresuraron a ir al país magrebí a prometer inversiones millonarias al polémico presidente Kais Said. Es alguien que cree que hay un plan de sustitución étnica en su país y ha desatado la persecución y deportación de los inmigrantes subsaharianos. Una investigación de EL PAÍS con Lighthouse Reports reveló cómo Túnez, Marruecos y Mauritania usan la financiación europea para detener a migrantes y refugiados y abandonarlos en el desierto.

Said jugó sus cartas, y hasta rechazó por “irrisorio” un primer pago de 127 millones, dentro de un plan que prevé 1.000 millones de euros en ayudas. La UE ofreció un acuerdo de rescate financiero casi sin precedentes que involucraba al Fondo Monetario Internacional (FMI): inyección económica para salvar al país de la quiebra a cambio de que se convirtiera en la policía de frontera europea. Es más, la presidenta de la Comisión envió luego una carta a los Estados miembros para convencerles de la bondad de esta fórmula: “Nuestro objetivo debería ser que nuestra iniciativa actual con Túnez actúe como modelo para asociaciones similares en el futuro (…) La Comisión buscará nuevas asociaciones integrales con terceros países”.

Otro pilar de la política de inmigración de Meloni, aunque con menos efectos en la caída de las cifras globales, es hacer la vida imposible a las ONG para que reduzcan su número de rescates en el Mediterráneo (170.000 en los diez años que llevan trabajando en ello). Estas organizaciones acusan al Gobierno italiano de criminalizarlas. El principal instrumento es un decreto aprobado en diciembre de 2022 que obliga a las naves de las ONG a informar y pedir permiso antes de hacer un rescate; además, no pueden hacer varios antes de regresar a puerto, solo pueden efectuar una operación de salvamento; y por último, no pueden ir al puerto más cercano, sino al que les asignen, y con frecuencia les envían a lugares del norte de Italia a varios días de navegación, haciéndoles perder tiempo y dinero. La vigilancia es rigurosa y, como sanción, las autoridades ya han bloqueado naves en el puerto en 25 ocasiones. Al tercero, se puede confiscar el barco dos años. Las ONG, que están pleiteando con el Gobierno, también le acusan de saltarse la legislación internacional de auxilio en el mar.

Es el mismo argumento con el que ha chocado Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno. La fiscalía italiana acaba de pedirle seis años de cárcel por secuestro de persona y abuso de poder, por haber impedido en 2019, cuando era ministro de Interior, el desembarco de 147 migrantes rescatados por el barco español Open Arms. El fiscal argumentó, precisamente, que prima el derecho internacional y los derechos humanos sobre el derecho de un país a la defensa de sus fronteras, como reclama Salvini. El caso desató la indignación de Meloni, que atacó duramente a la fiscalía como no se veía desde los tiempos de Silvio Berlusconi: “Transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo. Mi total solidaridad”. Esta vez el choque con la ley es explícito, en los tribunales. La sentencia se espera a partir de octubre.