La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado esta mañana un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en contra del protocolo autonómico de recepción de menores extranjeros inmigrantes no acompañados que ha aprobado recientemente el Gobierno canario.

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El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos comparece este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 06 05 2024
Declaraciones
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El Ministerio Fiscal reclama así a los tribunales que se suspenda de forma inmediata la aplicación del protocolo de actuación impulsado por el Ejecutivo regional de Fernando Clavijo para hacer frente al importante flujo de menores de edad extranjeros que llegan ilegalmente a sus costas.

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Le acusan de vulnerar con este los derechos fundamentales de los menores que llegan en cayucos porque supone no acoger a los menores extranjeros que no hayan sido previamente identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ostenten una ubicación o asignación individualizada en base a una resolución administrativa del Estado y les hayan sido entregados por las autoridades estatales.

La directriz implica también a las ONG y a los funcionarios autonómico que trabajan en materia de inmigración, y exige que los menores también estén inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, conocido como el Rmena.

Un derecho que, defiende el Ministerio Público de estas islas, está plenamente reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, pero que también implica el derecho fundamental a la integridad moral que se recoge en el artículo 15 del texto constitucional.

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En este recurso, el Ministerio Fiscal solicita al Alto Tribunal de Canarias que ordene como medida cautelarísima el decaimiento de la aplicación del protocolo porque, sostiene, supone la ausencia de atención inmediata los menores que llegan en «situación de desamparo patente» desde el mar, subidos a embarcaciones, a las costas de las Islas Canarias.

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Ahora, el TSJ de Canarias tendrá que decidir si admite el recurso y aplica la suspensión del protocolo y, de llegar a hacerlo, la administración canaria podrá plantear alegaciones que llevarán al tribunal a decidir si mantiene o no la medida cautelar que haría decaer la vigencia del nuevo proceso de acogida.

Este nuevo paso de la Fiscalía tiene lugar después de que la fiscal general superior de Canarias, María Farnés Martínez, advirtiese al Ejecutivo de Coalición Canaria, PP y Agrupación Herreña Independiente de que el reglamento podría implicar responsabilidades penales por un delito de abandono de menores al entender que impone limitaciones a la asunción de la tutela por parte de la administración insular de aquellos menores extranjeros no acompañados que no cesan de llegar al archipiélago en plena crisis migratoria.

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Clavijo mostró este pasado domingo su desacuerdo con que el Ministerio Fiscal «atosigue» a su Gobierno ya que, como viene defendiendo, el protocolo de la discordia es un desarrollo de otro de carácter estatal que se aprobó en el año 2014.

También señaló al Gobierno por amenazarles con llevar su medida al Tribunal Constitucional, cuando la Administración central es la que tiene la «responsabilidad de vigilar la frontera y regular el flujo migratorio» al ser competencia exclusiva suya, y no les están trasladando, apuntó, ni una sola «propuesta, solución, ni colaboración». En la actualidad hay 5.600 menores en Canarias.