Bruselas/La Haya, 18 sep (EFE). – La Comisión Europea (CE) dijo este miércoles, sobre la solicitud del Gobierno de Países Bajos de quedar excluido de la legislación comunitaria sobre migración, que una decisión de ese calado no se puede llevar a cabo sin cambios en la normativa en la que se fundamenta la Unión Europea (UE).

La portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión la recepción de una carta remitida por el Gobierno neerlandés que incluye la petición de quedar fuera de la legislación europea en materia de migración y asilo.

“Tomamos nota de la carta y de que el Ministerio sepa que una exclusión (opt – out) solo es posible con cambios en el Tratado. Es un requisito legal”, subrayó Hipper.

La CE no espera “cambios inminentes” en relación con la normativa sobre asilo y migración, que seguirá siendo obligatoria en Países Bajos“, dijo la portavoz.

Dijo además que el Ejecutivo comunitario agradece que las autoridades neerlandesas hayan dejado claro que seguirán aplicando el pacto migratorio y que se dará prioridad a ese nuevo marco legislativo.

La ministra neerlandesa de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, envió este miércoles una carta a la Comisión Europea en la que le solicita formalmente la exclusión de Países Bajos de la política comunitaria en cuestiones de asilo, una de las medidas por las que el gobierno neerlandés declara la guerra a los refugiados.

Faber, que representa al partido de derecha radical de Geert Wilders (PVV), anunció su solicitud en su cuenta oficial de X compartiendo una fotografía suya firmando una misiva.

“Acabo de informar a la Comisión Europea de que quiero una opt – out (excepción) en migración para Países Bajos dentro de Europa. ¡Debemos retomar el control sobre nuestra propia política de asilo!”, escribió la ministra, que anunció el pasado viernes su guerra al asilo como parte del programa de gobierno, una coalición de cuatro partidos en la que el PVV tiene mayoría.

Países Bajos invoca así una cláusula de exclusión voluntaria de ciertas normas, pero esto solo se aplicaría si se establece un nuevo tratado europeo sobre migración.

De momento, la UE no tiene planes de tocar el tratado vigente, modificado por última vez en 2009. En el hipotético caso de que los socios europeos decidan negociar un nuevo acuerdo, los otros países deben aceptar que Países Bajos reciba esa excepción, por lo que el gesto hoy de Faber es más a largo plazo.

La ministra explica a Bruselas que el nuevo gobierno neerlandés “tiene como objetivo reducir drásticamente el volumen de la migración hacia Países Bajos” porque, argumentó, es necesario para “cumplir con los deberes constitucionales de proporcionar vivienda pública, atención médica y educación”, y reiteró que necesita salirse de la política europea para lograr esto.

Mientras espera lograr esa excepción, la ministra insistió en que es “esencial la implementación rápida” del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo para “aumentar el control europeo sobre la migración y limitar el flujo de migrantes” hacia Países Bajos.

La exclusión de la política migratoria europea es solo una de las medidas incluidas en el programa del nuevo Gobierno neerlandés para reducir el asilo, pero también quiere usar disposiciones excepcionales que permiten suspender parte de la Ley de Extranjería y presentará una “ley de crisis de asilo” para los próximos dos años, otra de las medidas polémicas que no tiene garantizadas desde la legislación europea.

Entre otras cuestiones, estos pasos permitirían una moratoria sobre las nuevas solicitudes de asilo; limitar la acogida; y “expulsar, incluso de manera forzada, a personas sin residencia”, pero también eliminar el permiso de asilo indefinido; ampliar la declaración de no admisibilidad a más casos de delitos; y eliminar la reunificación familiar para hijos adultos.

Además, el gabinete reformará el sistema de asilo, que incluirá un régimen de dos estatus, similar al sueco, con “condiciones estrictas” para la reunificación familiar y una definición “más estrecha” del “núcleo familiar”. Un refugiado sólo podrá reagrupar a su familia si tiene ya una vivienda, ingresos estables, y ha vivido legalmente dos años en el país.