Madrid – No sólo los inmigrantes adultos que llegan en masa estos días a
las costas canarias desbordan al Gobierno de las islas. Los menores que
arriban a los puertos canarios en busca de un futuro mejor, de los que la
comunidad se tiene que hacer cargo, están sobrepasando al Ejecutivo
insular. Ayer, Canarias advirtió de que la inmigración es un problema de
todos los españoles y europeos y por eso no pide solidaridad, sino que el
Estado cumpla con responsabilidad sus funciones, entre ellas la de
repartir de forma obligatoria los menores entre las comunidades autónomas.
   «El reparto de inmigrantes debe incluir a los menores», dijo la consejera
de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, quien precisó que Canarias tutela
actualmente a 627 menores extranjeros, y 17 más aún están en Comisaría.
Zamora subrayó que la convención de los derechos del niño de la ONU obliga
a los Estados a cuidar de los menores, y por tanto no pide solidaridad,
sino que el Gobierno obligue a que las comunidades autónomas acojan cupos
de menores, porque los recursos en Canarias están totalmente desbordados y
la integración así es imposible.
   Reagrupamiento familiar
   Adán Martín leyó un acuerdo del Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas de octubre de 2003 en el que establece que la
descentralización del poder «no reduce en modo alguno la responsabilidad
directa del Gobierno del Estado» para cumplir sus obligaciones con todos
los niños sometidos a su jurisdicción, «sea cual fuera la estructura del
Estado». El presidente canario rechazó por tanto las declaraciones de la
secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en el sentido de que
el Gobierno no tiene competencias respecto a los menores inmigrantes.
   El Gobierno canario pidió también que se reactive al grupo de
extranjería de la Policía Nacional para tratar de localizar a los
familiares de los menores y así poder repatriarlos, puesto que lleva más
de dos años sin abrir ningún expediente pese a que los chicos telefonean a
sus casas continuamente.
   Martín subrayó que es el Gobierno el único
que puede implicar en este asunto a la Unión Europea, y subrayó que la
integración de menores francófonos o anglohablantes sería más fácil por
cuestiones de idioma en otros países, informa Europa Press.
   En
cambio, la consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín,
cree que el traslado de los menores inmigrantes a centros ubicados en
ciudades peninsulares no es la solución más adecuada a este problema y
provocaría un «efecto llamada», pues los que llegan a Melilla tienen como
objetivo cruzar a la Península.
   Mientras, la Generalitat ha
puesto a disposición del Gobierno canario un total de diez plazas de sus
centros de menores para acoger a adolescentes. Al ser un tema tan
delicado, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez
Morgades, pidió ayer una «tregua política» en materia de inmigración a los
responsables de los distintos partidos para paliar la situación que sufren
los menores inmigrantes recién llegados a España. En opinión de Morgades,
«el interés superior del menor debe regir la toma de decisiones ante un
problema tan sensible como éste y que causa enormes sufrimientos a las
personas afectadas».