La Diócesis de Cartagena (Murcia) publicaron este lunes un extenso y contundente comunicado para advertir de la “la peligrosa deriva de los discursos de odio que se están dando a nivel político y civil”. “Desde nuestra posición, queremos condenarlos y desvincularnos totalmente de cualquier palabra o hecho dirigidos a dañar a cualquier persona; en especial, los colectivos más vulnerables”, señalan desde la iglesia católica de la Región de Murcia. Pero, lejos de quedarse en una mera declaración de intenciones genérica, la Diócesis ha puesto nombre y apellidos a los autores de esos mensajes de odio: el líder de Vox en la comunidad autónoma, José Ángel Antelo, y los diputados y senadores del PP por Murcia, a quienes recrimina usar un discurso “plagado de calumnias, engaños y medias verdades” que “únicamente responden a exacerbar el miedo y el racismo más cruel”.

La diócesis apoya esa valoración en hechos concretos: unas declaraciones del dirigente regional de Vox del pasado 6 de septiembre que los obispos califican de “otra grotesca arenga carente de humanidad, empatía, compasión y veracidad”. En esa ocasión, Antelo vinculó, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, la inmigración con la inseguridad ciudadana, “señalando a la población inmigrante como responsable del deterioro de ciudades y pueblos”, puntualiza el comunicado, que lamenta que el político, que fue vicepresidente de la comunidad autónoma hasta que la dirección nacional de Vox decidió romper los acuerdos en las comunidades en las que gobernaba en coalición con el PP, también “criminalizó la admirable y necesaria labor de las ONG que trabajan con población inmigrante”.

El comunicado denuncia una segunda fecha: el 9 de septiembre, día en que senadores y diputados del Partido Popular de la Región de Murcia registraron una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno de España “desde la premisa de que las acciones de ayuda humanitaria producen el famoso efecto llamada”, para denunciar que “la inexactitud de esta afirmación fortalece las falacias defendidas en los discursos de odio contra los inmigrantes, y revela su clara y única intencionalidad de obtener rédito político con ellas”. Ante estos hechos, “la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Cartagena denuncia, enérgicamente y con mucho dolor, la amenaza que supone este discurso plagado de calumnias, engaños y medias verdades que (…) únicamente responden a exacerbar el miedo y el racismo más cruel”. “De esta manera, condenamos y rechazamos cualquier palabra o acción que esté dirigida a la discriminación de cualquier persona, principalmente de aquellas que pertenecen a los grupos más vulnerables”, subraya el comunicado.

La Diócesis da también un tirón de orejas al conjunto de administraciones públicas, a las que insta a “revisar algunas de las prácticas institucionales que están haciendo muy difícil la vida de las personas migrantes y refugiadas: dificultad en la obtención de cita en oficinas de extranjería para peticiones de asilo y residencia; ocupación de los puestos de trabajo más precarios y peor pagados; accidentes laborales con resultado de muerte de trabajadores y trabajadoras; redadas racistas; internamiento en CIE; devoluciones en caliente…”. Además, los obispos hacen un llamamiento a “poner en valor” la aportación que reciben de las personas migradas que han llegado al país en el ámbito económico, cultural y social. En la Región de Murcia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2023 se cerró con una población cercana a los 1,57 millones de habitantes, de los que el 15,5%, 243.779 personas, son extranjeras. De ellas, la población más numerosa es la marroquí, con unos 92.300 residentes, una mano de obra fundamental en el campo, base de la economía regional, donde un 20% de su PIB procede del sector agroalimentario.

Hay además censados en la región 16.600 ecuatorianos, 10.300 rumanos, 8.800 colombianos, 7.200 ucranianos y 6.900 bolivianos, entre otros. En el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, a fecha del 31 de julio, había en la Región de Murcia un total de 41.432 afiliados extranjeros, lo que la sitúa como la provincia con más trabajadores del campo extranjeros, por encima de Almería (31.093) y Huelva (17.293). En la comunidad autónoma reside también una amplísima comunidad británica, con unas 17.500 personas censadas, el segundo grupo de extranjeros más numeroso, formado sobre todo por personas de edad avanzada que residen en las zonas de costa, aunque en este caso no suelen ser objeto de los ataques de odio. ”A nuestro entender, nos queda mucho que hacer como sociedad de acogida”, señala la diócesis, que recuerda que las migraciones son fruto del aumento de “conflictos bélicos, divergencias políticas y crisis económicas (…), situaciones a las que la respuesta “no puede ser desprecio”. E insisten en su llamamiento a “romper los discursos de odio que deshumanizan”.