El Consejo de Ministros puso este martes en marcha el procedimiento para recurrir el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias y solicitar al Tribunal Constitucional que deje claro que la protección de los menores es siempre competencia autonómica.

En concreto, el Gobierno acordó solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo, en paso que necesariamente tiene que dar antes de entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la comunidad de Canarias, según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, según recoge Efe.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró ayer tranquilo e indicó que no modificará para nada el protocolo porque entiende que cumple con el ordenamiento jurídico y que lo único que hace es desarrollar el protocolo estatal del año 2014. Clavijo dejó claro que, de la misma manera que Canarias tiene planteado un conflicto de competencias ante el TC contra el Estado por un asunto de costas en Fuerteventura, es ahora el gobierno central quien considera que Canarias entra en sus competencias con el protocolo de los menores. «El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional dirán. Ya se verá», manifestó Clavijo tras la rueda de prensa que ofreció tras la reunión de la interministerial.
Clavijo volvió a defender el protocolo porque es necesario reseñar a los niños y escucharlos por si son susceptibles de protección internacional. «No se nos pueden entregar como un albarán. Tienen unos derechos», insistió.

En cuanto a la opinión de la Fiscalía de que el protocolo de menores de Canarias «discrimina por el origen», Clavijo aseguró que «no discriminaba a nadie» y aseguró que es la propia legislación española la que diferencia entre los menores extranjeros no acompañados y los nacionales.

Clavijo rechazó sentirse «amenazado» o «empujado» a cambiar el protocolo pero así todo, aseguró que no se va a dejar de atender a ningún niño. «Nunca nos hemos negado a recibir a ningún menor; nunca nos vamos a negar como tampoco lo hemos hecho», dijo el presidente canario, que tachó de «ridículo» el argumentario. «Lo llevamos todo a lo ideológico», criticó.

Clavijo se mostró dispuesto a dialogar, aunque pidió conocer los respectivos informes sobre el polémico protocolo, si bien ha dicho que si no hay posibilidad de acuerdo, «que se abra debate en el Constitucional».

Tras rechazar que la resolución de su gobierno autonómico sea inconstitucional, el presidente canario aseguró que nunca ha ido en contra del Estado, sino «a favor del menor», para «que tenga todas las garantías»

Por su parte, desde el Gobierno de España se entiende que el protocolo de los menores de Canarias no solo vulnera el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma , sino también en acuerdo que el Ejecutivo canario aprobó el 2 de septiembre para pedir a las ONG que gestionan sus centros que no admitan a más menores sin su permiso. «Una vez recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se procederá a solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se declare la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de otros servicios estatales, remitiendo el concepto de desamparo a lo dispuesto en la legislación civil del Estado», detalla el Ministerio de Política Territorial, en un comunicado.

En opinión del Gobierno central, el protocolo del Gobierno canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula «cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias».

«Como consecuencia de todo ello», añade el departamento de Ángel Víctor Torres, «el Gobierno debe velar por la protección del interés superior del menor, ya que puede darse una desprotección grave del mismo, como ha puesto de manifiesto la Fiscalía», y puede producirse «un riesgo de incumplimiento de obligaciones internacionales del Reino de España en relación con la protección de menores».