El Gobierno iniciará este martes en el Consejo de Ministros los trámites para activar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes del Gobierno canario, según fuentes gubernamentales. Las islas, gobernadas por Coalición Canaria y el PP, se rigen desde el pasado jueves bajo unas nuevas normas, más estrictas, que condicionan la acogida de este colectivo vulnerable a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas de un sistema colapsado. Con las relaciones con el Ejecutivo canario muy deterioradas, el Gobierno central ha decidido contraatacar. Fuentes del Gabinete ven claro que las nuevas reglas son inconstitucionales porque la comunidad autónoma está dejando de ejercer sus competencias, delegando en el Estado. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que el tribunal suspenda cautelarmente el protocolo mientras decide sobre su fondo.

La Fiscalía Superior de Canarias también emitió un decreto el pasado viernes en el que enmienda la iniciativa del presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por desproteger a los menores migrantes, discriminarlos y delegar competencias autonómicas. La fiscal advertía en ese decreto al Ejecutivo canario de que podía incurrir en un delito de abandono de menores.

El nuevo protocolo se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, en un contexto de absoluto desbordamiento de las capacidades de acogida para menores de las islas, que atienden ya a más de 5.300 niños y adolescentes llegados en cayuco. “Las condiciones de hacinamiento no nos permiten garantizar la seguridad del menor”, dijo Clavijo el domingo. Es también una reacción del Ejecutivo canario a la falta de entendimiento con el Gobierno central, con quien hace meses pactó una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para obligar al resto de comunidades autónomas (la mayoría en manos del PP) a hacerse cargo de los menores migrantes acogidos en territorios saturados como las islas, Ceuta o Melilla. Esa propuesta de reforma no salió adelante en el Congreso el pasado julio, y, tras ese fracaso, Clavijo cambió de bando y firmó un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP (uno de los partidos que había impedido la aprobación de la iniciativa). En ese acuerdo se recogían las ambiciosas condiciones de los populares para volver a negociar un posible reparto obligatorio.

Los servicios de emergencias atienden a varios migrantes a su llegada al puerto de La Resting, en El Hierro, Canarias (España), el domingo 15 de septiembre.
Los servicios de emergencias atienden a varios migrantes a su llegada al puerto de La Resting, en El Hierro, Canarias (España), el domingo 15 de septiembre.
Antonio Sempere (Europa Press)
El protocolo de acogida ha desatado una enorme polémica, ha provocado el rechazo de la Fiscalía y ha activado una ofensiva jurídica por parte del Gobierno. El texto pasa a exigir una serie de trámites e informes que competen, sobre todo, a la Policía Nacional y que suponen retrasar la entrada del niño en un centro de acogida. Entre ellos se requiere una reseña policial completa, una audiencia, una resolución administrativa de dónde se ubicará al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del niño entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado.

El Gobierno canario ha defendido que se trata solamente de ordenar “el desorden” existente en la entrega de los menores y garantizar que se cumpla un protocolo de actuación existente desde 2014. Ese texto de hace una década, sin embargo, no incluye algunas de las nuevas disposiciones exigidas, ni obliga a que la reseña policial o la identificación de posibles refugiados sea realizada antes de que el menor pase a ser tutelado por la comunidad.

El Ejecutivo de Clavijo considera que el tiempo que el niño esté fuera del sistema de acogida no estará desamparado porque ya ha sido rescatado y se encuentra bajo custodia policial, una premisa que rechaza el ministerio público. “No hay una situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados”, mantiene la fiscal en su decreto. La interpretación del desamparo es también uno de los puntos que impugnará el Gobierno, quien critica que la comunidad pretenda atribuir al Estado la tutela de los menores durante todo el lapso que media entre la llegada en cayuco y su entrada en un centro de menores.

Este domingo Clavijo calificó como un “ataque” las advertencias del Gobierno y la Fiscalía. Para el presidente canario, es “absolutamente indecente” que, “de repente, se reúnan cuatro ministros y planteen llevar este protocolo al Tribunal Constitucional para atacar a Canarias”. “No lo alcanzo a entender, cuando llevamos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado”, dijo. “A la vista de lo que está sucediendo, lo que hemos hecho es aplicar el protocolo [de 2014] que no estaba aplicando el Gobierno para poder atender y garantizar la seguridad de los menores. El Gobierno tiene que entender que tiene que asumir sus responsabilidades y ayudar, no atacar a Canarias, en una crisis humanitaria como esta”.

La formalización del conflicto de competencias, con el que el tribunal de garantías decidirá si el protocolo canario respeta el orden constitucional, seguirá varios pasos. Tras la luz verde del Consejo de Ministros del martes, se acudirá al Consejo de Estado para que elabore su propio dictamen y, con él, será el Consejo de Ministros del martes 24 el que formalice el proceso. El Constitucional tendrá entonces 10 días para admitirlo a trámite. En paralelo, el Ejecutivo activará a la Abogacía del Estado para que interponga un recurso contencioso-administrativo y buscará un acuerdo con el Gobierno de Canarias para, durante ese tiempo, coordinar la llegada y atención de los menores. De momento, las órdenes recibidas por las fuerzas de seguridad desplegadas en las islas es que se sigan actuando como hasta ahora.