Un número aún indeterminado de empresas navarras recibió durante años cartas en las que se les instaba a no contratar trabajadores de origen extranjero, bajo la amenaza de que sufrirían algún tipo de boicot por ello. El correo electrónico del que se remitían era siempre el mismo, el texto muy similar y los envíos se sucedieron durante al menos cinco años, entre 2017 y 2023. Ahora, un juzgado de Pamplona investiga estos hechos como un posible delito de odio.

Uno de los episodios dentro de este caso saltó a la luz pública en 2020, en plena pandemia, cuando el director de una residencia de Estella/Lizarra denunció los hechos públicamente. En total, había recibido hasta 10 emails del mismo remitente en el que se le instaba a “nacionalizar su plantilla”.

El texto decía lo siguiente: “De cara a la posible reactivación económica tras la presente pandemia, les animamos a nacionalizar su plantilla; esto es, a sustituir inmigrantes (los nacionalizados también lo son) por nacionales o, en caso de que fueran a aumentar plantilla, a contratar solo nacionales. Por vía interna o externa (clientes, vecinos, proveedores, etc) sabemos ya qué empresas tienen demasiados extranjeros, y con esa información se han hecho listados de empresas según sectores para que la gente sepa a quién da empleo con su dinero. La contratación es libre, pero el consumo también. Esto es políticamente incorrecto, pero en absoluto ilegal. Simplemente es necesario”.

Imagen de uno de los emails enviados a empresas navarras instándoles a no contratar inmigrantes.
Imagen de uno de los emails enviados a empresas navarras instándoles a no contratar inmigrantes.Cedida
En paralelo, otras muchas empresas recibieron emails similares, y en el verano de 2023 el caso llegó al Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX), de la mano de varias entidades sociales que habían tenido conocimiento de tres casos más.

Este Servicio decidió realizar una investigación y, finalmente, acudió a la Fiscalía, que vio un posible delito de odio en estos mensajes.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona está investigando la magnitud del caso, que ha podido afectar a decenas de empresas navarras.

Johanna Flores, abogada y coordinadora del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, subraya la importancia de que estos envíos estén siendo investigados como un posible delito: “Es muy positivo porque cuando haya una persona que quiera enviar de manera sistemática correos de este tipo se lo pensaran dos veces, ya que conocen que podría tener un carácter delictivo”.