l llamamiento por redes sociales a participar en un asalto multitudinario a la valla de Ceuta este domingo pasado ha sido el último detonante de la presión migratoria de origen magrebí y subsahariano, de jóvenes en muchos casos menores de edad, que aspiran a salvar el Estrecho tras acceder a esa ciudad autónoma o a Melilla. Jóvenes que no piensan en España sino en Europa en general como un destino que han visto natural en sus propias familias. Y con el incentivo que para las tramas de tráfico de seres humanos supone situar en la UE a adolescentes que les permitirán seguir extorsionando a sus progenitores y parientes en suelo africano. La actuación de la Gendarmería y del Ejército marroquíes ha sido crucial para que el 15-9 no se convirtiera en la enésima crisis en la frontera más al sur de la Unión, con excepción de la de Canarias. La efectiva colaboración de las autoridades de Marruecos con el Gobierno de España frente al anunciado ‘asalto de Ceuta’ del domingo parece haber constituido un capítulo aparte en tanto que esperanzador. Pero con dos asuntos pendientes. En lo inmediato, España no puede desentenderse de la suerte que corren los menores detenidos en su intento de atravesar irregularmente la frontera ceutí o melillense cuando son llevados en autobuses hacia lugares que nada tienen que ver con sus puntos de origen y la residencia de sus familias. Incluso en el supuesto de que alguna autoridad de Rabat decidiera aplicar así un correctivo temporal a sus nacionales más jóvenes.

El otro asunto pendiente es el de un vecino al sur, Marruecos, que tiende a perpetuarse en el manejo de la válvula migratoria, tanto con sus nacionales como con la corriente subsahariana ascendente, como factor esencial de «posición estratégica» frente a la extensión del califato islamista desde el Sahel, como entrada hacia el Mediterráneo, y como partícipe moderador en el mundo árabe. Porque, por eso mismo, Rabat no tiene motivos para seguir manteniendo a la población de Castillejos o a la de Tetuán tan lejos de España. Algo que el Gobierno debe tener en cuenta a la hora de participar en la definición de la política europea respecto a Marruecos y en su política exterior. Del mismo modo que no puede pretender que la frontera más al sur de la Unión, la canaria, sea atendida por Bruselas si no se le ocurre otra cosa que recurrir al Tribunal Constitucional el protocolo autonómico sobre los migrantes, que ya resulta de difícil cumplimiento dada la limitación de medios para una acogida con garantías.