Estos días han sido determinantes para Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Mediterráneo Central. Su barco de búsqueda y rescate humanitario en el Canal de Sicilia, el Geo Barents, cargaba con una orden de detención de 60 días desde finales de agosto y se encontraba inmovilizado en el puerto de Salerno, en el sur de Italia.

Era la detención administrativa número 23 en menos de dos años. Sin embargo, la Justicia italiana le ha dado la razón a la conocida ONG humanitaria frente a una aplicación incorrecta de las políticas antimigratorias del Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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Era la tercera vez que el Geo Barents había sido detenido y estaba siendo además el secuestro administrativo más largo jamás experimentado para la embarcación humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF).

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La orden de detención se había emitido tras diferentes operaciones de rescate que tuvieron lugar una madrugada de hace tres semanas en el Mediterráneo Central, donde para las autoridades italianas –basándose en un primer momento exclusivamente en datos ofrecidos por los guardacostas de Libia, acusados por la ONU de violar los derechos humanos, como recuerdan desde MSF– el Geo Barents no había aportado la información suficiente, durante uno de los rescates, a la Central Operativa de la Guardia Costera en Roma, responsable de la coordinación de los salvamentos en el Mediterráneo Central.

Durante la madrugada en cuestión, concretamente la del 23 de agosto, el Geo Barents se encontraba en su tercer rescate consecutivo; en el que su equipo operativo vivió cómo 37 personas caían por la borda en las inmediaciones del barco. “Fue en plena noche; vimos a gente saltando de un barco de fibra de vidrio, cayendo o siendo empujada al agua. Nuestros equipos no tenían más opción que acudir, estabilizar a las personas y sacarlas del agua lo antes posible. Había un peligro inminente de que la gente se ahogara o se perdiera en la oscuridad de la noche”, explicó hace unas semanas Riccardo Gatti, jefe del equipo de búsqueda y rescate de MSF.

Sin embargo, el buque humanitario del Geo Barents terminó siendo sancionado y bloqueado por las autoridades italianas “simplemente por cumplir con nuestro deber legal de salvar vidas”, recordó recientemente Juan Matías Gil, representante de búsqueda y rescate de MSF.

El secuestro administrativo, así pues, se había estado viviendo en estas tres semanas como injusto por parte de la conocida organización humanitaria, provocando que el Geo Barents no pudiera continuar con los rescates en el Mediterráneo Central al ser el único buque de la ONG en la zona. Por esta razón, el 6 de septiembre, Médicos Sin Fronteras (MSF) presentó un recurso de urgencia ante la Justicia italiana, concretamente ante el Tribunal Civil de Salerno, denunciando la “injusta” detención del Geo Barents y por tanto pidiendo la suspensión del secuestro administrativo.

La Justicia italiana, finalmente, le ha dado la razón a Médicos Sin Fronteras y estos días ha anulado la detención del Geo Barents. Apoyándose en las pruebas ofrecidas por la conocida organización humanitaria, la Justicia transalpina ha aclarado que MSF no ha favorecido ninguna situación de peligro, sino todo lo contrario. Por otra parte, se ha determinado también que los guardacostas libios ya tenían conocimiento de la actividad de rescate de MSF esa noche y que la petición de los norteafricanos de que el Geo Barents abandonara la zona de salvamento no implicaba, de por sí, un rescate en marcha por parte de las autoridades marítimas libias.

Por si no fuera suficiente, la Justicia italiana ha establecido que una ampliación del tiempo de detención en el puerto de Salerno “habría comprometido de forma irreversible el derecho del buque Geo Barents de desarrollar su actividad de rescate en el mar, impidiéndole cumplir sus objetivos humanitarios, en conformidad a los principios constitucionales [italianos] y al derecho internacional del que Italia es parte y debe ser promotora”.

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El país transalpino, independientemente de los números vinculados a los flujos y las políticas migratorias de cada momento, coordina y protagoniza a diario los rescates de migrantes y refugiados en el canal de Sicilia a través de sus fuerzas armadas, y más concretamente, a través de la Guardia Costera italiana.

La Central Operativa de Roma –que monitorea los salvamentos en el Mediterráneo Central– y el puerto de la isla siciliana de Lampedusa son hoy en día los enclaves estratégicos con los que la Guardia Costera italiana –con la colaboración de las ONG de rescate humanitario en la zona, como MSF– vigila para la protección de la vida humana en el Mediterráneo Central.

Otra cosa bien distinta, aunque lógicamente vinculada, es lo que actualmente está llevando a cabo el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no para dificultar los salvamentos, en conjunto, en el Mediterráneo Central, sino para complicar la actividad de rescate de las ONG en el canal de Sicilia, como es el caso de Médicos Sin Fronteras o Sea Watch, por razones políticas.

La norma antimigratoria clave para entender la actual postura del Gobierno transalpino se reúne en el conocido como decreto Piantedosi, en relación al actual ministro de Interior italiano.

El Ejecutivo ultraconservador de Giorgia Meloni, actualmente, está aplicando dos estrategias a la vez para disuadir a las ONG para continuar con el rescate de migrantes y refugiados en el Mediterráneo Central: la política de los puertos lejanos y la de las detenciones administrativas de los buques de rescate.

En el primer caso, cuando una embarcación humanitaria logra rescatar a migrantes y refugiados en el Mediterráneo Central, las autoridades italianas, en vez de dirigirlas a la isla de Lampedusa –que es el territorio italiano más cercano a las zonas de salvamento, cerca de las costas de Libia– o a otros puertos sicilianos, asignan puerto seguro en ciudades italianas bien lejanas como Civitavecchia (cerca de Roma), Livorno (en Toscana), Génova (en Liguria, en el norte del país) o Ancona (en el Mar Adriático, en el este del país).

El hecho de asignar puerto seguro en zonas tan lejanas respecto a la de los rescates, claramente, aumenta de forma considerable los costes de mantenimiento de los buques humanitarios que tienen que afrontar incluso dos o tres días de navegación y donde, en estos casos, formalmente no pueden apuntar a una falta de colaboración del Gobierno italiano. Esto, ya en el caso de que los rescates estén plenamente coordinados entre las ONG y la Central Operativa de la Guardia Costera, con sede en Roma.

¿Qué pasa si un rescate no se desarrolla en una perfecta compenetración entre una ONG y la Central Operativa de la Guardia Costera en Roma? En situaciones donde la coordinación no fuera fluida entre ambas partes, una ONG podría tomar la decisión de desembarcar en el puerto que considerara oportuno, pero arriesgando directamente una detención administrativa para la embarcación e incluso multas de varios miles de euros. Al principio se empieza con 20 días de bloqueo, pero en la tercera vez, como ha sido el caso del Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, el bloqueo previsto era de 60 días. Dos meses sin poder llevar a cabo labores de rescate en el Mediterráneo Central.

Normalmente las detenciones administrativas ocurren porque en medio de un rescate las ONG no piden o no han podido pedir colaboración, ayuda o permiso a las autoridades marítimas de Libia, en cuanto que es internacionalmente reconocida la catalogación del país norteafricano como un lugar no seguro desde la óptica de los derechos humanos.

En los últimos días, tras la anulación de la detención administrativa del Geo Barents, también otras ONG humanitarias desplegadas o comprometidas en el Mediterráneo Central han celebrado la decisión del Tribunal Civil de Salerno.

Entre ellas la ONG alemana Sea Watch, que actualmente sufre la detención administrativa de la embarcación Sea Watch 5, hoy en día bloqueada en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma. La ONG humanitaria espera, en los próximos días, un epílogo como el del Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, cuyo equipo después de la anulación de la detención administrativa ha tenido una idea muy clara, a modo de pancarta, desde el puerto de Salerno: “Salvar vidas no es un crimen”.