Al menos en la isla de El Hierro, el gobierno canario está incumpliendo su nuevo protocolo para la acogida de los menores migrantes no acompañados

Según ha sabido este diario, los que han arribado al puerto de La Restinga en las tres pateras llegadas entre el pasado viernes y el sábado han sido llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés junto a los adultos. Y no fueron recepcionados por un funcionario de la Dirección General de Infancia como indica el protocolo.

En concreto, a El Hierro llegó el viernes un cayuco con 42 personas, incluidos tres menores. El sábado fueron dos: uno con 57 migrantes, entre los que había varias mujeres, una de ellas con dos niños, además de un menor no acompañado; y otro del que desembarcaron 28 personas, entre ellas una niña que viajaba sola.

Según fuentes consultadas por EL MUNDO, todos estos menores fueron llevados al CATE de San Andrés, un centro gestionado por la Policía Nacional, donde las personas pueden permanecer retenidas hasta 72 horas. Sin embargo, estos centros no cuentan con las condiciones adecuadas para albergar a menores no acompañados.

Las mismas fuentes afirman que hasta el momento, ningún representante de la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias se ha personado para recibir a los menores una vez que han sido reseñados e identificados por la Policía.

En la madrugada de este domingo, un cayuco con 87 personas, entre ellas dos mujeres y dos menores, ha llegado a El Hierro, acompañada de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Uno de los puntos clave del protocolo que el Gobierno de Canarias publicó el pasado jueves en su boletín oficial, es la verificación de que la Policía ha filiado al menor antes de ser entregado a la organización encargada de su acogida, en este caso, la ONG Quorum Social 77.

El primer párrafo del protocolo establece que la recepción debe realizarse a través de un funcionario de la Dirección General de Infancia. No obstante, según las citadas fuentes, desde que entró en vigor la medida ayer, no ha habido ningún funcionario en las llegadas.

El viernes, la Fiscalía Superior de Canarias respondió al protocolo con un decreto en el que advierte de que identificará a aquellas “personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias” que se amparen en el nuevo protocolo para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco y que investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.

Ante esta medida de la Fiscalía, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), negó ayer que menores migrantes no acompañados estén o vayan a estar en situación de abandono y enfatizó que lo que pretende el Ejecutivo canario con el nuevo protocolo es “que se cumpla la ley”.

Esto es, “que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora” y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y “de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor”.

“Lo que dice el decreto es claro. Si no se recoge a los niños se actuará”, responde Teseida García, fiscal jefe de Extranjería de Extranjería de Canarias, preguntada por este diario.