La Fiscalía ha advertido al Gobierno de Canarias de que la tesis con la que pretende hacer al Estado responsable de los menores inmigrantes que llegan a sus costas en patera no se sostiene y también de que no ve motivos para demorar su entrada en centros de acogida adecuados.

«Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados«, sentencia la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, en un documento adelantado por El País al que ha tenido acceso Efe.

La responsable del Ministerio Público en Canarias hace estas reflexiones en los fundamentos del decreto que hizo público el viernes solo su parte dispositiva como respuesta al procedimiento que el Gobierno de Canarias pretende implantar para frenar el «desorden» en la acogida de menores inmigrantes, un decreto en el que avisa de que está dispuesta a abrir procedimientos penales por delito de abandono si no se acoge a los niños de forma «inmediata».

Con más de 5.300 menores en los centros de las islas, la fiscal superior reconoce el esfuerzo que ha hecho Canarias para atender a las personas más vulnerables entre quienes llegan en los cayucos, los niños y adolescentes sin un familiar adulto que cuide de ellos, una tarea que «se ha venido realizado conforme al cumplimiento del ordenamiento jurídico y desde una perspectiva de Derechos Humanos«.

El Gobierno de Canarias publicó el jueves un protocolo donde establece una serie de requisitos que exige al Estado cumplir antes de que le entregue a un menor: identificarlo correctamente, entrevistarlo para conocer si es candidato a refugio y tramitar un expediente individual. Todo ello, pendiente al final de que la comunidad autónoma determine si hay o no una plaza libre para él.

La Fiscalía enmienda ese protocolo tanto por razones de forma, como de fondo. En cuanto a la forma, subraya que el protocolo establece requisitos que no están en la ley y, además, pretende imponerlos a un tercero, el Estado, algo que no puede hacer; y, respecto al fondo, teme que puede perjudicar al menor.
«Los menores extranjeros son un colectivo de personas que tienen un plus de especial vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos. Esta circunstancia determina directamente su desamparo y, por lo tanto, la necesidad, ‘ex lege’, de que la administración competente se haga cargo de los mismos a través de los mecanismos de tutela administrativa«, señala.

Y su protección «nunca será competencia de la Administración General del Estado», añade, «salvo modificación del correspondiente Estatuto de Autonomía», porque la tutela de los menores en desamparo recae en todos los casos sobre la comunidad donde se encuentren.

La Fiscalía advierte, asimismo, de que tratar a los menores en desamparo extranjeros de una forma diferente que a los chicos españoles que padecen su misma situación supone «claramente» una «discriminación por razón de origen» que la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos del Niño no permiten.

«En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores«, apunta.

En cuanto a los trámites que el Gobierno canario pretende que la Policía y la propia Fiscalía hagan antes de entregarle un niño, remarca que en el nuevo protocolo «no se tiene en cuenta ni analizan las repercusiones que la intervención policial puede tener en los menores, sobre todo si son extranjeros y están solos».

La fiscal superior comparte que hay que escuchar al menor para intentar proteger de la mejor forma sus derechos e intereses; sin embargo, alerta de que eso no es algo que pueda despacharse en los primeros momentos de su llegada a España y sin observar las debidas garantías.

«Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra después de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida no está en disposición de ser oído con garantías, ni mucho menos, como parece apuntar el protocolo, que este manifieste que tiene un familiar o un allegado en algún lugar distinto de Canarias y que, por lo tanto, en ese sentido se debiera de actuar, pues ello implicaría un claro riesgo para el menor«, defiende.

El Ministerio Público cuestiona, además, que el Gobierno de Canarias pretenda exigir trámites burocráticos ante situaciones que son «de urgencia», entre otras cosas, recuerda, porque la Ley del Menor dice que «cuando la urgencia del caso lo requiera (…) la actuación de los servicios sociales será inmediata».

«No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales», apunta la fiscal.