TEXTO: S. N.

MADRID. Cinco Comunidades autónomas se han puesto en pie de guerra ante la política de inmigración del Gobierno de Zapatero. Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla y León no rechazan la llegada de «sin papeles», tal y como acordaron en el Convenio de 2005, pero se quejan de que ésta se produce en muchos casos sin previo aviso, o que se comunica tarde, por lo que piden más información y coordinación. Además, las autonomías gobernadas por el PP afirman que les envían más inmigrantes desde las Islas Canarias que a las que están dirigidas por socialistas.

Cataluña

La regular llegada de inmigrantes procedentes de las Canarias a Cataluña – unos 800 desde principio de año – ha transcurrido en los últimos meses sin mayores problemas. No obstante, el envío «sin previo aviso» de un grupo de cincuenta subsaharianos a Barcelona a principios de semana provocó el enojo de la Generalitat, que se quejó al Ministerio del Interior por un hecho que luego el defensor del pueblo en Cataluña calificaría de «muy grave».

«No puede volver a ocurrir», se afirmó desde el Gobierno catalán sobre un asunto que, dado el clima preelectoral que se vive en Cataluña, ha terminado por politizarse de forma inevitable. Las arremetidas de los partidos en la oposición, hurgando en las diferencias entre los gobiernos «amigos» de Zapatero y Maragall, han hecho que finalmente la Generalitat diese por zanjada la polémica y cerrase ayer filas con el Gobierno. «No volverá a suceder nunca más», aseguraba el portavoz, Joaquim Nadal. Como sucedió con la crisis del Aeropuerto de El Prat, el Ejecutivo catalán se debate entre la lealtad al Gobierno del PSOE y la tentación de sacudirse responsabilidades cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones autonómicas.

Madrid

La Comunidad de Madird reclama al Gobierno «más información», tal y como pide la consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, así como que haya un reparto más equilibrado de los «sin papeles». Figar asegura que de los 11.000 inmigrantes que han sido trasladados a la Península, 6.500 han llegado a Madrid, y la Consejería que dirige sólo ha recibido el anuncio de la llegada de 2.800 por parte del Ejecutivo socialista. Ayer mismo otros diez subsaharianos llegaron a la comunidad, después de que el día anterior aterrizase otro centenar de los que sólo se esperaba a 70, y el pasado martes hubo un traslado de 104, pese a que en el fax remitido por el Gobierno central sólo se mencionaba a 20 personas.

Figar indica que el desfase de cifras se produce porque el Ejecutivo socialista sólo informa a su departamento de los inmigrantes que se derivan a las ONG, y no de los que van a los centros de internamiento dependientes del Ministerio de Interior.

Según la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central sólo le comunica el 40 por ciento de las llegadas.

Valencia

La Comunidad Valenciana critica «el sectarismo» del Gobierno de Zapatero por no realizar envíos equitativos de inmigrantes a todas las comunidades autónomas ni avisar de su traslado desde Canarias con suficiente tiempo de antelación. Ante esta situación exigen que se consensúe con las diferentes autonomías y ayuntamientos afectados la política de inmigración. Además, entre las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana destaca un plan que incluye las campañas de información en los países de origen para contrarrestar las informaciones que ofrecen las mafias a los inmigrantes, un control efectivo de fronteras y agilizar las repatriaciones, fomentando los retornos voluntarios.

Murcia

«Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra y hacer causa política, pero estamos ante un drama humano y lo vamos a abordar desde la cooperación». Así se ha pronunciado el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, después del último envío a Murcia de 40 inmigrantes subsaharianos procedentes de Canarias. El Gobierno murciano exige mejor coordinación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y su principal queja se basa en que la región recibe proporcionalmente más inmigrantes que otras comunidades. Hace extensiva esta denuncia al resto de comunidades gobernadas por el PP, sobre las que Valcárcel cree que el Ejecutivo central actúa con «sectarismo» en el reparto de inmigrantes. El último envío ha provocado un encontronazo entre la Administración autonómica y el delegado del Gobierno. Éste último ha tenido que sacar el fax para demostrar que se había avisado con antelación de la llegada de la última remesa.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León acusa al Gobierno de afrontar el problema de la inmigración ilegal con precipitación, retraso e improvisación. En opinión del Gobierno castellano y leonés, el asunto debe abordarse desde una óptica integral y planificarse desde todas las comunidades y la Unión Europea, con corresponsabilidad, y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero debe asumir la capacidad de cooperación en esta materia. La Junta considera «imprescindible» un plan de cooperación y programas de desarrollo en los países de origen. En general, Presidencia recibe comunicación de los traslados de inmigrantes «el mismo día que se lleva a cabo o después» y «no tiene pruebas de que haya viajes distintos a los notificados», aunque son ONGs las que directamente se hacen cargo de los «sinpapeles». En lo que la Consejería de Presidencia hace más hincapié es en la mínima aportación económica del Gobierno para atajar este problema de carácter humanitario, ya que sólo ha firmado un convenio para el reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida de Inmigrantes. A Castilla y León le correspondió en 2005 una partida de 2,2 millones de euros que llegó con mucho retraso a final de año y que complicó la ejecución de los proyectos previstos. Desde Presidencia subrayan que este año ni siquiera se ha renovado: «No se cumple. El Fondo apenas supuso 2,2 millones de los 120 que se repartieron y el resto hasta los 3,2 millones que la Comunidad destinó a la atención a los inmigrantes fue aportado por la Junta». En lo que va de año, niegan que hayan recibido noticia un nuevo plan con 182 millones. El consejero Alfonso Fernández Mañueco no duda de que la crisis está motivada por el efecto llamada del proceso de regularización efectuado por el Gobierno el año pasado y reprocha que hasta ayer no se convocara la reunión del Consejo Superior de Políticas de Inmigración.
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