Un juzgado investiga como delito de odio unos correos electrónicos enviados por una persona de forma anónima a diferentes empresas navarras en los que les reclamaba sustituir a trabajadores “inmigrantes” por “nacionales”. Fueron varias de estas empresas las que denunciaron los hechos ante el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX), dependiente del Gobierno de Navarra, que a su vez dio traslado a la Fiscalía. La Fiscalía, tras investigar los hechos, ha interpuesto una denuncia que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1de Pamplona, donde se trabaja en la identificación del autor de los correos electrónicos.

En los correos, enviados de manera anónima a varias empresas, entre ellas una residencia de Estella, se pedía que, “de cara a la posible reactivación económica” tras la pandemia, se “nacionalizara” la plantilla de trabajadores. Para ello, el autor del correo indicaba la forma en la que se debía realizar tal acción, esto es, “sustituir inmigrantes por nacionales” o, en caso de “aumentar la plantilla, a contratar solo nacionales”. Asimismo, el texto añadía: “Obviamente marroquíes ninguno”, una frase en la que la Fiscalía ve un claro “rechazo racista expreso y contundente hacia las personas nacionales de Marruecos”, por lo que ha decidido denunciar los hechos.

Pero el mensaje no se quedaba ahí. En un siguiente párrafo se incluía una amenaza a las empresas en caso de que no atendieran a sus reclamaciones. “Sabemos ya qué empresas tienen demasiados extranjeros y con esa información se han hecho listados de empresas según sectores para que la gente sepa a quien da empleo con su dinero. La contratación es libre, pero el consumo también”, rezaba el mensaje.

Según ha podido saber este periódico, una investigación interna del SARX reveló que esta persona llevaba enviando este correo electrónico amenazante a empresas y entidades sociales al menos desde el año 2017. Además, algunas de estas compañías denunciaron que habían recibido el mensaje hasta en diez ocasiones en un plazo de tres años. Fue este servicio de atención, dependiente del Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que tras analizarlo ha dado traslado en forma de denuncia al juzgado en el que ahora se investiga.