El tercer grupo de inmigrantes procedentes de Canarias en una semana llegó ayer a Barcelona. Eran las 15.55 horas cuando aterrizó en El Prat el avión de la compañía Swiftair, fletado por el Estado español en Las Palmas, con 24 inmigrantes a bordo: una quincena del Senegal y el resto de Gambia, Mali y Guinea Bissau. Esta vez si les aguardaba una onegé, con lo que se restablecía la prestación de ayuda médica y jurídica durante un máximo de 15 días decretada por el Gobierno y que el pasado lunes fue vulnerada, cuando la policía abandonó en Barcelona a su suerte a 47 inmigrantes. Un sistema que, incluso cuando se cumple correctamente, es criticado por la mayor parte de oenegés catalanas.
La aeronave llegada ayer estacionó en el aparcamiento reservado a los cargueros. Dos policías subieron al avión nada más colocarse la escalerilla. Ambos se quedaron en el interior del avión, junto a la puerta e hicieron salir de uno en uno a los subsaharianos y cotejaron sus nombres con los de una lista. A pie de pista, esta vez sí les aguardaban varios voluntarios de una oenegé. Transcurridos 15 días, los inmigrantes saldrán a la calle con una orden de expulsión en la mano, que no podrá ejecutarse pero que les impedirá hacer vida normal, encontrar un trabajo o alquilar un piso.

CONTROL BREVE
Los inmigrantes llegados ayer no fueron trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), como venía siendo habitual. A pie de pista fueron introducidos en un autocar contratado por la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat – CEAR, que los trasladó a un albergue de la Generalitat, donde estarán los 15 días previstos. Uno de los recién llegados, Souleb W., de 31 años, desveló haber pagado 600 euros por el viaje en cayuco. La policía decidió agilizar los trámites de inmigración, después del revuelo social y político causado por el abandono del lunes, que el portavoz del Govern, Joaquim Nadal, quiso ayer zanjar al considerar ha recibido garantías de que esa “situación excepcional” no se repetirá.
Pero la mayor parte de las organizaciones humanitarias catalanas, consultadas por este diario, criticaron ayer el sistema habitual de ayudas previsto para los inmigrantes llegados de Canarias. Tanto las entidades que firmaron el protocolo con el Gobierno, como las que lo rechazaron, subrayaban con matices la ineficacia procedimiento.

ABANDONADOS EN LA CALLE
La jefa del servicio de inmigración de Càritas, Joanna Martin, aseguró: “Cáritas no quiso pactar con la Administración, porque consideramos que es absurdo articular programas para personas que llegan con una orden de expulsión y que después de 15 días de pensión van a quedar a la intemperie”. Esta oenegé propuso para colaborar en el programa que las órdenes de expulsión tuviesen fecha de caducidad. “De esta manera – – añade – – podríamos trabajar con ellos y poder demostrar al cabo de un tiempo que están arraigados y que puede regularizársele. Pero no se aceptó la propuesta”. Por su parte, Una portavoz de SOS Racisme, Begoña Sánchez, pidió la revocación de las órdenes de expulsión porque no pueden ejecutarse.
En una nota, CEARr, que ayer se hizo cargo de los 24 subsaharianos, aseguró que en su día ya expresaron sus reservas con el programa, por establece una acogida “muy limitada” y no prevé dar permisos de residencia por cuestiones humanitarias.

SISTEMA CADUCO
Enric Molist, coordinador de Cruz Roja en Catalunya, subrayó que el convenio es una “ayuda mínima” , aunque pronosticó que el procedimiento no durará mucho tiempo, ya que no soluciona la contradicción entre órdenes de expulsión y necesidad de integración social. “Hay que posibilitar un futuro a los que llegan y actuar también en los países de origen”, apostilló el representante de Cruz Roja.