La eterna ambición de la Unión Europea y las promesas de sus líderes —y de la oposición— de devolver cada vez más inmigrantes en situación irregular se da de bruces con la realidad de sus propios datos. Un informe restringido de la Comisión Europea, publicado por la organización Statewatch, analiza al detalle la cooperación en materia de expulsiones de 34 países, y la conclusión es que la colaboración es “insuficiente”. En esa lista destaca Marruecos que, a pesar de tratarse de un socio prioritario y de ser el país africano con el mayor número de nacionales cruzando irregularmente las fronteras europeas, apenas acepta un 8% de las expulsiones.

Cruces fronterizos irregulares y tasas de reconocimiento de asilo, de rechazo de visa y de retorno por país de origen
Tabla con 6 columnas y 16 filas. Ordenado de forma descendente por columna “X.3”
Cruces fronterizos irregulares
Tasas (2023)
Tercer País 2023 2015-2022 % reconoc. asilo % rechazo visa % retorno
Irak 5.487
5.487
175.944
175.944
42% 33% 14%
Marruecos 16.108
16.108
101.435
101.435
5% 22% 8%
Pakistán 10.843
10.843
98.877
98.877
11% 42% 11%
Túnez 18.210
18.210
71.950
71.950
7% 23% 11%
Bangladesh 15.506
15.506
67.959
67.959
5% 40% 9%
Argelia 7.233
7.233
63.438
63.438
9% 35% 10%
Guinea 21.693
21.693
59.160
59.160
30% 44% 5%
Costa de M. 17.910
17.910
52.776
52.776
27% 33% 5%
Egipto 12.874
12.874
43.740
43.740
6% 23% 10%
Somalia 4.131
4.131
43.457
43.457
61% 32% —
Malí 12.251
12.251
41.619
41.619
69% 44% 4%
Turquía 11.852
11.852
41.539
41.539
25% 15% 10%
Sudán 7.648
7.648
36.076
36.076
65% 36% —
Gambia 9.247
9.247
35.670
35.670
13% 50% 37%
Senegal 20.089
20.089
28.195
28.195
17% 40% 10%
Camerún 6.309
6.309
23.163
23.163
25% 30% 5%
Tabla: Frontex y Comisión Europea / EL PAÍS
El informe muestra la baja cooperación de otros países, menos relevantes frente a Marruecos, pero con tasas de expulsión por debajo del 10%. Entre ellos se encuentra Malí (4%), Guinea (5%), Costa de Marfil (5%), Bangladés (9%) y Argelia (10%). Las tasas más altas entre los 15 países con más inmigrantes identificados entrando irregularmente en la UE las registra Gambia (37%), Irak (14%) y Pakistán (11%). La Comisión excluye del examen a Afganistán, Libia, Palestina y Siria porque “no es posible establecer contactos operativos efectivos”. Rusia también está excluida porque la guerra en Ucrania “impide el compromiso” y Sudán, en plena guerra civil, solo se evalúa a efectos metodológicos.

El año pasado, los Veintisiete lograron que el 23% de los inmigrantes que contaban con una orden de abandonar el territorio Schengen (zona de libre circulación que comparten 29 países europeos) volviesen a sus países de origen, según Eurostat. Es un número modesto para las aspiraciones de la Comisión Europea, más aún si se tiene en cuenta que cuatro de cada 10 de esos inmigrantes se fueron voluntariamente, lo que pone de manifiesto las dificultades para ejecutar retornos forzosos.

Los resultados de este informe muestran la insatisfacción de la UE con la mayoría de esos 34 países, lo que los convierte en candidatos a sufrir restricciones en sus peticiones de visados Schengen de corta duración (hasta 90 días de acceso a la zona europea de libre circulación), una receta ya aplicada a Gambia y a Etiopía, y que los Estados miembros son partidarios de ampliar como medida de presión.

Del detalle del documento se desprende otra conclusión: por mucho que prometan los dirigentes europeos y aquellos que aspiran a serlo, la política de retornos está en las manos de los países de origen y no en las de los de destino. “Una política migratoria basada en el retorno, como la de la UE, reduce la autonomía propia porque depende de un tercer país”, analiza Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en el centro de análisis Instrategies. “Apostar de esta manera por los retornos supone dar mayor capacidad de negociación y agencia a muchos países terceros, lo que a la larga podría ser, para ellos y sus élites, un aliciente más atractivo y beneficioso que desarrollar y negociar vías de entrada regular”, añade.

Cooperación de Rabat
El caso de Marruecos es particular por la disparidad con la que lo evalúan los socios. 35.065 marroquíes en situación irregular recibieron en 2023 una orden de abandonar territorio comunitario, pero solo 2.760 fueron efectivamente expulsados. En un 44% de los casos, los Estados miembros han calificado la cooperación marroquí para identificar a sus nacionales pendientes de expulsión —trámite indispensable para su retorno— como pobre o muy pobre; en un 46%, la colaboración fue buena y muy buena, según el informe.

Fuentes del Ministerio del Interior marroquí han precisado que “el proceso de readmisión está distribuido en tres fases ―identificación, entrega del salvoconducto consular y retorno [de los expulsados]―, y que solo las dos primeras están a cargo de Marruecos”. Las mismas fuentes subrayan que “el retorno efectivo a Marruecos está a cargo del país de acogida”, al tiempo que consideran que en ocasiones los países europeos no “consiguen aplicar su propia decisión de expulsión” al no poder localizar a la persona implicada, por haber cambiado de domicilio e incluso de país, informa desde Rabat Juan Carlos Sanz.

El informe de la Comisión no especifica la evaluación por país, así que no está claro cómo España ha valorado la cooperación de su principal socio en materia migratoria en un momento de declarada sintonía. El año pasado, el Ministerio del Interior español logró expulsar a cerca de un millar de marroquíes, según datos policiales confidenciales, mientras que recibió a 14.000 marroquíes de forma irregular.

En el documento, en cualquier caso, se lee una llamada general a mejorar procedimientos con Rabat: “En vista del contexto general de readmisión y del elevado número de nacionales marroquíes que llegan de forma irregular, Marruecos debe adoptar medidas concretas para mejorar en la cooperación”. Entre esas medidas, a la Comisión le gustaría ver más flexibilidad —como acabar con la obligatoriedad de usar aerolíneas específicas para los retornos o no solicitar información confidencial— y más eficiencia en todo el proceso.

Otro país de interés para España es Argelia, cuyas expulsiones se encuentran suspendidas desde la primavera de 2022. Entre las medidas que Argel tomó contra Madrid después de que Pedro Sánchez se alinease con Marruecos en la solución para el Sáhara Occidental, aún se mantiene la de cortar el flujo de ferris que cada semana llevaba argelinos en situación irregular de vuelta a su país. Argelia, sin embargo, sí colabora con otros países, aunque la tasa de retorno se estanca en el 10% y la evaluación general se considera “pobre”.

En el caso de Senegal, gran protagonista en la llegada de cayucos a Canarias en otoño del año pasado, la Comisión reconoce que ya en 2020 propuso imponer restricciones de visados al país ante su falta de cooperación, una decisión que está pendiente de la aprobación del Consejo de la UE. La colaboración de las autoridades de Dakar, que como todos los países afrontan un fuerte rechazo social a la readmisión de sus emigrantes, es también considerada “pobre” en la inmensa mayoría de los casos.

Precisamente, el pasado 29 de agosto en Dakar, Sánchez se refirió a las expulsiones en un discurso que descolocó a su derecha y a su izquierda. “Es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente”, anunció un día después de que el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, le exigiera “deportaciones masivas”. España no hace más que seguir una estela marcada por la UE. Las expulsiones de inmigrantes irregulares son un asunto clave también en Alemania, donde su canciller ha prometido acelerar los procesos y priorizar a los delincuentes; o en Italia, donde se pretende expulsar a Albania a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

El desafío no es pequeño porque la propia Unión, con su Pacto de Migración y Asilo, va a cambiar las normas de procedimiento en sus fronteras. Se prevé que los migrantes procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo menores al 20%, como Marruecos, Argelia, Senegal, o Túnez sean detenidos y se enfrenten a un procedimiento acelerado de expulsión. Esa detención podrá prolongarse un plazo máximo de 24 semanas (casi seis meses), una eternidad para el inmigrante (en España ese plazo ahora no puede superar los 60 días), pero un plazo no tan amplio para lograr una expulsión en tiempo y forma. La Comisión afirma en el documento que este límite significa que “los plazos para la identificación y la expedición de documentos de viaje tendrán que reducirse”, una tarea en la que lleva empeñada varias décadas.