El Real Decreto Ley que aprobó ayer el Gobierno Central sobre empleadas de hogar que permitirá a estas mujeres llevar a cabo reconocimientos médicos gratuitos –serán volunarios– y obligará a los empleadores a realizar una evaluación de riesgos laborales supone «un avance para estas trabajadoras, pero se trata de un colectivo al que se sigue discrimando», según indican asociaciones que aglutinan a estas profesionales.

Silvia Carrizo, responsable de la Asociación guipuzcoana de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, que defiende los derechos de este colectivo de empleadas de hogar, no en vano, muchas de ellas son mujeres migrantes, explica que han estado en las negociaciones de esta nueva normativa con el Ministerio de Trabajo representadas por un grupo que aglutina a diferentes asociaciones de empleadas de hogar.

8.775
empleadas de hogar había en Gipuzkoa en agosto dadas de alta en la Seguridad Social; en Euskadi son 27.341 las trabajadoras del hogar que están cotizando, mientras que en el conjunto del Estado son 360.000, a las que habría que sumar otras 200.000 que no cotizan.

Carrizo valora que se vayan dando pasos para que las trabajadoras del hogar vayan avanzando en derechos y sobre todo que el Gobierno de Pedro Sánchez haya escuchado a las asociaciones de empleadas de hogar, algo que no había ocurrido hasta ahora.

En este sentido, señala que este decreto que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar supone un «avance, porque no hay nada al respecto». Pero añade, que «se sigue discriminando a este colectivo porque no se les incluye en el Régimen General y siguen en un régimen especial que no contempla los mismos derchos laborales que el resto de trabajadores».

Año y medio de plazo
Esta es una reclamación histórica de las trabajadoras domésticas que sigue en el tintero. Pero volviendo al decreto, explica que «no será plenamente efectivo hasta 2026, con lo que habrá que esperar todavía un año y medio muy largo», remarca. Respecto a la forma en la que tendrán que evaluar los empleadores los riesgos laborales del domicilio, indica que se hará ‘online’, «pero todavía desconocemos cómo será esa herramienta, por lo que no sabemos más detalles».

Carrizo insiste en que se han dejado cosas en el tintero, porque el decreto excluye el recargo de prestaciones en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de medidas de prevención. Y apunta que se debería haber incluido.

Otra tema que cuestiona es que el Gobierno implemente un real decreto sin que haya un aumento del gasto público, «lo que suscita muchas dudas de su aplicación real y efectiva». Pero con todo, insiste en que supone un avance y hace una valoración positiva.

Unos derechos que afectarán en Euskadi a 27.341 empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social, una cifra que en Gipuzkoa es de 8.775 y en el conjunto del Estado llegan a las 360.000. Pero recuerda que hay al menos otras 200.000 trabajadoras que no están cotizando y cuyos derechos no se salvaguardan.