El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un plan de choque dotado con 2,2 millones para los años 2024 y 2025 que permitirá contratar a 39 trabajadores con el fin de mejorar la respuesta a la acogida de los menores migrantes no acompañados.

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Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha comentado que esta misma semana empezarán a prestar sus servicios los nuevos empleados públicos, concretamente 19 trabajadores sociales y una veintena de administrativos.

El objetivo, ha señalado, “es claro” y pasa por garantizar la “atención necesaria” a los menores y también realizar toda la tramitación que viene aparejada en relación con el resto de administraciones públicas y que así se normalice su inclusión, escolarización, tratamiento médico o empadronamiento.

“Es una muestra más de la puesta y movilización de recursos por parte del Gobierno de Canarias”, ha explicado.

Por otro lado, preguntado por la atención dada a los últimos menores llegados en pateras o cuyos a la islas, el portavoz del Gobierno ha afirmado que el Ejecutivo se ha hecho cargo con normalidad y “debidamente” de estos 84 menores no acompañados, después de que el presidente, Fernando Clavijo, propusiese al Consejo de Gobierno la pasada semana abrir “un debate jurídico” ante la “falta de respuestas” a su petición de compartir con el Estado la atención de los menores.

Según Cabello, tras celebrarse este lunes una reunión del Consejo de Gobierno, la comunidad autónoma tiene la guarda y custodia de los niños y adolescentes y los atiende “con todas las garantías posibles”.

“Se les atiende garantizando todo lo necesario. Seguimos en ese acuerdo y exigimos que por parte del Estado, cuando se vaya a realizar esa cesión de la tutela a la comunidad autónoma, se haga cumpliendo los protocolos”, ha resaltado Cabello, que ha aludido de nuevo al episodio en el que, a su juicio, el Gobierno de España “elevó el tono” respecto a la acogida de los menores en Canarias.

La semana pasada, el propio Cabello hablaba de “un antes y un después” a la hora de gestionar la atención a los menores migrantes que llegan por mar tras denunciar “presiones” por parte del Gobierno de España para hacerse cargo de la tutela de los menores pese a la situación de saturación “absoluta” en El Hierro.