El Gobierno admitió ayer que se han cometido fallos en el traslado de cincuenta subsaharianos desde Canarias hasta Cataluña que se realizó el pasado lunes, ya que no se había cursado el preceptivo aviso previo a la Generalitat: «Ha habido un desajuste, ya resuelto», reconoció la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que garantizó que «a partir de ahora se cumplirán los protocolos establecidos» para estos repartos de ‘sin papeles’. Pese a sus declaraciones, la controversia sobre este asunto sigue viva, ya que el PP acusó ayer al Ejecutivo de enviar el 85% de los extranjeros a las autonomías con Gobierno popular, que calificó como «las más solidarias».

Rumí negó que estas manifestaciones se atengan a la verdad: «No es cierto que las comunidades del PP sean las más solidarias y tampoco las que estén colaborando en esta redistribución territorial, que fue acordada en 2002 con un Gobierno popular». La secretaria de Estado acusó al principal partido de la oposición de «no estar a la altura de sus responsabilidades», de «desconocer» la materia y de «instrumentalizarla» políticamente: «Manipulan, falsean, quieren hacer mucho ruido con este tema, haciendo política de un tema tan delicado y complejo», acusó. El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, aseguró que sólo el 50% de los inmigrantes trasladados desde Canarias van a las comunidades en manos del PP.

Los populares presentan un panorama radicalmente distinto. Su secretario ejecutivo de Economía y Empleo, Miguel Arias Cañete, sostuvo que el 49% de los ‘sin papeles’ trasladados este año ha acabado en Madrid; el 20%, en Murcia, y el 16%, en Valencia (en total, unas 8.500 personas), sin que los respectivos Gobiernos autónomos hayan sido avisados de la mayor parte de las llegadas. Arias Cañete, que tachó al Ejecutivo de «insolidario» y de «lavarse las manos como Poncio Pilatos», pidió la comparecencia en el Congreso de los ministros de Asuntos Sociales e Interior.

No es solidaridad

Pero donde el problema se vive con mayor urgencia es en Canarias, comunidad que ayer recibió a otro medio centenar de subsaharianos. El presidente y la titular de Asuntos Sociales del archipiélago, Adán Martín y Marisa Zamora, hicieron hincapié en que no piden solidaridad, sino simplemente que el Estado cumpla con sus responsabilidades, y afirmaron que las comunidades que cuestionan el reparto «no han entendido nada». Además, reclamaron un mando único sobre inmigración – gabinete de crisis, comisionado o ministerio específico – y exigieron que el reparto incluya también a los menores. Las autoridades de las islas no comparten la postura del Gobierno, que niega la competencia sobre los menores inmigrantes, y argumentan que la ONU obliga al Estado a hacerse cargo de ellos. «Nosotros podemos ayudar y ayudamos, pero no se confundan», precisó Martín.

Una nueva polémica ha enrarecido aún más el ambiente. El gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Juan José García Ferrer, acusó ayer al Gobierno andaluz de «no tutelar a los inmigrantes menores inmediatamente» y «dejarles tres meses para que puedan continuar su tránsito por España». Aunque admitió que no puede probar que la Junta pague a los menores el billete a Madrid, aseguró que muchos de los adolescentes africanos que llegan a la capital «dicen que vienen de centros andaluces».

El Consejo de Ministros de hoy, primero tras las vacaciones, adoptará nuevas medidas contra la inmigración clandestina y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega viajará la semana que viene a Finlandia, que ostenta la presidencia de turno de la UE, para reclamar más medios contra la llegada de cayucos.