EFE / Público
Organizaciones sociales y medioambientales de Huelva han denunciado este jueves que cerca de mil trabajadores migrantes temporales han pasado el verano sin acceso al agua en los asentamientos de chabolas de la provincia, sin que las administraciones hayan respondido al llamamiento que las ONG hicieron a finales de julio.

Ecologistas en Acción ha recordado en un comunicado que 40 colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos pidieron a las Administraciones públicas la creación de un corredor de emergencia para asegurar el acceso a agua potable y la recogida de basura en esos asentamientos.

Estas organizaciones han publicado un vídeo en el que muestran la dura realidad que se vive en los asentamientos situados en los alrededores de Doñana y Lepe. Han señalado que en la provincia de Huelva existen alrededor de 40 asentamientos, donde, durante la temporada de recogida de la fresa, que va de enero a junio, llegan a vivir más de 4.000 trabajadores jornaleros.

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Las ONG señalan que los trabajadores migrantes “deben recorrer kilómetros a pie o en bicicleta para acceder al agua o llegar a un centro de salud”
Las condiciones de vida en los asentamientos, surgidos hace más de 25 años debido a la alta demanda de mano de obra para el cultivo de frutos rojos y la escasez de alojamientos, “ponen en riesgo la salud y la vida de sus habitantes”, según han denunciado las organizaciones. “Los incendios son frecuentes, ya que las chabolas están construidas con materiales altamente inflamables; los trabajadores conviven rodeados de basura, roedores, mosquitos y serpientes; y deben recorrer kilómetros a pie o en bicicleta para acceder al agua o llegar a un centro de salud”, han subrayado.

Sin medidas efectivas para los trabajadores migrantes
Frente a esta situación, las organizaciones sociales han criticado la falta de respuesta por parte de las administraciones: “A pesar de los anuncios recientes de la consejera de Inclusión Social, Loles López, sobre el Plan EASEN para erradicar los asentamientos, la realidad sobre el terreno revela una situación de emergencia que solo está siendo atendida por asociaciones como La Carpa, con la ayuda de personas voluntarias”, han denunciado.

La asociación La Carpa ha realizado en lo que va de verano una decena de repartos en los asentamientos de los alrededores de Doñana y Lepe, distribuyendo más de 10.000 litros de agua embotellada entre los trabajadores migrantes.

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Las administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, donde se ubican los asentamientos, tampoco han implementado medidas significativas para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Además, se niegan a empadronar a estas personas, lo que les impide ser reconocidas oficialmente como ciudadanas, han denunciado las organizaciones.

Ante esta situación, las ONG han exigido a las administraciones la creación de una mesa de trabajo específica, coordinada por la Oficina Técnica de Doñana, y una intervención de urgencia que garantice el acceso a agua potable y la retirada de residuos en los asentamientos.